Por quinto año consecutivo, la Sindicatura de Cuentas ha reprobado el criterio privatizador del Consell en la construcción y gestión de hospitales. En este caso, el varapalo del órgano fiscalizador de las cuentas públicas es para el contrato de concesión del nuevo hospital de Elche a la sociedad gestora integrada por Ribera Salud y Asisa, en el que la Sindicatura cuestiona desde la "discrecionalidad" en los baremos de adjudicación al precio anual del contrato y sus sistema de revisión. Los reparos también alcanzan al exceso en el plazo para formalizar el contrato y al retraso en el inicio de obras, que ha demorado al menos un año la puesta en servicio del hospital.

Con ser llamativas las observaciones del Consell, no son nuevas. Varias, sobre todo las más relevantes como la justificación de los precios del contrato y su revisión, se remontan a su informe de 2003 para los hospitales de gestión privada de Torrevieja y Alzira, y también figuraban en el informe del año pasado sobre el de Manises.

"Consideramos cuestionable este criterio de actualización de tarifas, ya que no responde a una evolución de precios ni de costes reales", reseñaba el auditor de las cuentas públicas en 2003.

Cinco años después, la misma reprobación consta en el análisis del contrato del segundo hospital de Elche, formalizado en septiembre de 2005 con una duración de 15 años desde su puesta en funcionamiento, y prorrogable por cinco años más. El precio anual de este contrato a pagar por la Generalitat se fija en 494,72 euros por persona y año, lo que supone un presupuesto inicial de 65 millones de euros anuales y de 974,8 millones para todo el plazo de la concesión.

La Sindicatura critica que la redacción de los criterios de adjudicación "pueden permitir una diversidad de interpretaciones, lo que amplía la discrecionalidad". Entre esos criterios no figura el precio del contrato. También se cuestiona que no se haya justificado la determinación del precio de licitación por persona (494,72 euros). La única explicación de esta "prima per cápita" se refiere a que es la misma que en otras concesiones de gestión de departamentos sanitarios "y se considera razonable para mantener unos niveles adecuados en la prestación". Los reproches al precio se completan con el sistema de revisión del mismo, que se vuelve a hacer con referencia al presupuesto sanitario de la Generalitat y nunca inferior al IPC, criterios que ya rechazó la Sindicatura en 2003.

No hay constancia de la solvencia de la adjudicataria

El Síndic no tiene constancia de "la acreditación de solvencia técnica y económica del adjudicatario" y reprocha al Consell que las anualidades a pagar por el contrato del hospital no se han contabilizado en el estado de compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros, lo que se conoce como hipoteca de la Generalitat. Sobre los plazos para redactar los proyectos del centro, no consta la presentación, supervisión, aprobación y replanteo del proyecto de ejecución, al tiempo que se ha excedido el plazo para la formalización del contrato. También se critica el retraso en el inicio de las obras, que no comenzaron hasta mediados de febrero "sin que conste un informe sobre las causas del retraso".