Uno de los primeros objetivos de quienes llegan al poder sin más recetas económicas que las directrices marcadas por la Escuela de Chicago, ha sido siempre la privatización de las empresas públicas más rentables, pretextando que el Estado no puede inmiscuirse en la vida empresarial del país y que la gestión privada es siempre mucho más eficaz. Por mi parte, pienso que la privatización total de las grandes empresas públicas españolas no ha traído el menor beneficio a los usuarios, antes al contrario, la política de fusiones llevada a cabo posteriormente por los gestores privados ha supuesto en la práctica el nacimiento de nuevos monopolios en sectores básicos de la economía, con lo que ello supone para el bolsillo de los ciudadanos y el desarrollo del país.

Conquistadas las empresas públicas por parte del capital privado, repartido el poder sobre ellas entre los grandes grupos financieros del país, que aumentaban de ese modo su poder, llegó la segunda fase: Hacerse con los servicios públicos de ayuntamientos y comunidades autónomas, de tal manera que hoy son empresas privadas las que se encargan por cantidades astronómicas de la recogida de basuras, la limpieza de nuestras calles, la realización de los planes de ordenación urbana, la explotación de los aparcamientos subterráneos, la alimentación de aquellas personas que están recluidas en centros públicos, la seguridad de los centros oficiales, los servicios sociales, el mantenimiento de parques y jardines, la gestión del agua, de los transportes urbanos y de todo aquello que, siendo fundamental para los ciudadanos, puede dejar un beneficio fácil a quienes tienen la suerte de obtener una concesión. Esta segunda fase ha servido para acrecer el volumen de un pequeño grupo de empresas, que obtienen sus ingresos gracias a la delegación que en ellas hacen los diversos poderes públicos con el dinero que pagamos todos vía impuestos.

La tercera fase de la política económica neocon consiste en traspasar a manos privadas no sólo la gestión de la educación y la sanidad, sino la propiedad de las escuelas y hospitales, dos pilares básicos del Estado del Bienestar que mueven enormes cantidades de dinero y de los que algunas comunidades y ayuntamientos se desentienden haciendo dejación de una de sus obligaciones intransferibles. Desde que llegó al poder en 1996, el Partido Popular quiso que Valencia y Madrid fuesen los laboratorios para experimentar esta "transfusión" de capitales desde el sector público al privado. En la Comunidad Valenciana más de la mitad de los estudiantes de Primaria acuden ya a colegios de titularidad privada, habiéndose abierto la espita que les permite la penetración en los institutos y las universidades. En cuanto a la sanidad, el modelo valenciano, con hospitales como los de Benidorm, Torrevieja o Alzira demuestran a las claras que la Generalitat es partidaria de que se haga negocio con la salud de los valencianos, algo que nos parece perfectamente inmoral.

En cuanto a la Comunidad de Madrid, el otro laboratorio, la ascensión a los cielos de Esperanza Aguirre -una de las personas más inteligentes, honradas, caritativas y cultas que ha dado la patria-, supuso la aceleración de las políticas sanitarias neoconservadoras hasta extremos incompatibles con el Estado social de derecho. Al mismo tiempo que iniciaba una indecente caza de brujas contra el equipo que, dirigido por el doctor Montes, se dedicaba en el Hospital Severo Ochoa de Leganés a paliar el dolor de aquellas personas que estaban en la recta final de sus vidas, dentro de una campaña encaminada a desprestigiar a los hospitales públicos que más trasplantes hacen del mundo, lo que habla por sí solo de su eficiencia, la señora Aguirre y sus consejeros de sanidad planificaban la construcción de ocho hospitales por parte de empresas privadas que se quedarían con la gestión de los mismos buscando el lucro consustancial a su actividad. Dichos hospitales, según ha expuesto la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública madrileña, no contarán con unidades de radiología ni de análisis clínicos, que serán centralizados en uno sólo de ellos, con lo que esto supone para el correcto, rápido y eficaz diagnóstico y tratamiento de cualquier patología; tendrán una ratio de médicos y personal de enfermería por cada mil habitantes que será la mitad del hospital público menos dotado de Madrid, que es el de Móstoles, y no crearán nuevos puestos de trabajo porque recurrirán a la reasignación de efectivos procedentes de otros hospitales ya existentes, que verán también disminuida la calidad de su asistencia.

Además, mediante la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Comunidad de Madrid -qué buena idea eso de los acompañamientos señor Rato-, el ejecutivo madrileño se reserva la facultad de proceder a la privatización de todos los hospitales de la Comunidad y posibilita, saltándose una ley orgánica de carácter nacional, que los médicos incumplan la ley de incompatibilidades y puedan trabajar -como sucedía hace décadas- en varios hospitales a la vez.

Se trata de aplicar en España el modelo que Thatcher intentó en el Reino Unido y que ha resultado más caro que el público y más ineficaz, pero que -todo hay que decirlo- permitió a muchas empresas y a muchos médicos sin alma, "forrarse" a costa de la enfermedad y el sufrimiento ajeno.

No hay pues duda alguna sobre cual es el modelo sanitario que el Partido Popular quiere implantar en España, tampoco sobre el educativo: Sus laboratorios llevan años trabajando a pleno rendimiento. Ahora queda el asalto a las pensiones pronosticado por el señor Pizarro, asalto que unido a lo anteriormente expuesto supondría el "asesinato" del Estado del Bienestar para mayor gloria de quienes siempre han tenido mucho cuidado de estar bien.

Pedro L. Angosto es doctor en Historia.