EXCULPADOS. La justicia exonera a los médicos, pero no el consejero de Sanidad. “Que no haya podido probarse (...) no excluye que no se hicieran prácticas inadecuadas”, afirmó / Sylavain Cherkaoui

Le llamaron “nazi” y “doctor muerte”, y los medios conservadores compararon a su equipo con Sendero Luminoso. El 11 de marzo de 2005, Luis Montes, jefe de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés, era destituido tras una denuncia anónima que acusaba a su unidad de “400 homicidios” por aplicar sedaciones excesivas. Ese día, el entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela, remitía a la Fiscalía de Madrid 25 casos donde se aplicaron supuestas sedaciones irregulares.

Ninguna acusación era cierta. Tres años después, el pasado 28 de enero, la Audiencia Provincial descartaba que hubiera mala praxis médica. Pero, pese al revés judicial, el Gobierno regional tuvo éxito en otros frentes. Como se intenta hoy con la campaña antiabortista, la ‘caza de brujas’ en el Severo Ochoa tuvo un efecto inhibitorio. En los hospitales madrileños, el temor a ser denunciado lleva a que los médicos se cuiden de aplicar cuidados paliativos para mitigar el dolor de sus pacientes. Además, el ‘Caso Leganés’ no estalló por casualidad. Según afirmaba el doctor Montes en una entrevista en Público: “La consejería anunció la concesión de ocho nuevos hospitales y esto sirvió de cortina de humo. El objetivo es privatizar la sanidad”. Cuando Aguirre llegó a la Comunidad, todos los hospitales de la Consejería eran de gestión pública. En 2003 se construyeron siete hospitales con un sistema mixto de gestión pública y privada. El último paso, en 2007, fue la apertura en Valdemoro del primer hospital privado dentro de la sanidad pública.

Al contrario de las promesas del PP, la gestión privada no se está traduciendo en mayor eficacia. Según datos de la OMS, la iniciativa privada tiende a ser más cara, porque el dinero público se usa para financiar los costes de las empresas privadas. Así ha ocurrido en Madrid en 2007. La Comunidad pagó casi 70 millones de euros a las empresas privadas adjudicatarias de los nuevos hospitales, mientras que se recurrió a la deuda pública para pagar la nómina de los 65.000 empleados públicos. Frente a esta situación, desde algunos colectivos se busca dar respuesta a un proceso de privatización que busca aplicar a la salud el afán de lucro del mundo de la empresa.

Para el 7 de febrero, la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública y las asociaciones de vecinos de Madrid han llamado a salir a la calle “por una sanidad 100% pública”. El objetivo es evitar el modelo hacia el que se avanza, en el que el consejero Güemes anuncia que se premiará a los médicos que ahorren costes en el tratamiento, y donde Aguirre asegura que, hoy, “los que esperan más de 30 días para operarse es porque no aceptan operarse en un hospital privado”.