Un amigo de Zaplana facturará 250 millones al Consell en radiología y plan de choque

Carlos Paz y Eduardo Zaplana. El expresidente era asiduo del yate «Nacavi» del empresario. Manuel Molines  

Las clínicas de José Carlos Paz Figueroa realizan todas las pruebas de resonancia magnética de los pacientes de Alicante

PILAR G. DEL BURGO

Quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Nunca mejor dicho. El empresario y estrecho allegado de Zaplana, José Carlos Paz Figueroa, facturará a la Conselleria de Sanidad alrededor de 250 millones de euros en diez años: de 2008 a 2018. Tan desorbitada cantidad corresponde a la privatización de tres prestaciones sanitarias que el amigo del expresidente de la Generalitat gestiona prácticamente sin competencia alguna en la provincia de Alicante, como si se tratara de un monopolio: las resonancias, la oncología y el plan de choque.

Paz debe la mayor parte de su gran desarrollo empresarial a la iniciativa que en el año 2000 puso en marcha el exministro y actual delegado de Telefónica en Europa, Eduardo Zaplana, al delegar en la empresa privada la adquisición y gestión de los equipos de Resonancia Magnética, que ya apuntaban como el bocado más suculento de las prestaciones sanitarias de la Comunitat Valenciana.

Bajo la excusa de «ahorrar» en la compra, mantenimiento y renovación de los costosos equipos,
-entonces se argumentó que la inversión para las arcas públicas sería muy costosa y deficitaria con el tiempo-, Zaplana dio el paso crucial en la tan aireada colaboración «pública-privada» que en estos años se ha traducido en el enriquecimiento de las empresas adjudicatarias y en el déficit, cada vez más acuciante, de la Generalitat.

Carlos Paz entró en la UTE que ganó el primer concurso de Resonancia Magnética de la Conselleria de Sanidad con la Clínica Benidorm de la que era gerente. Las exploraciones de Alicante representaban el 30% del concurso que en 2000 se adjudicó por 21.000 millones de pesetas (130 millones de euros) y que ocho años después se convirtieron en 45.000 millones (270 millones de euros) lo compartió con la empresa Inscanner, S. L., del entonces diputado del PP y presidente de la Comisión de Sanidad de las Corts, Luis de la Concepción que falleció en noviembre de 2008.

De aquel primer concurso, ambas empresas facturaron a la conselleria unos 81 millones de euros, la mayor parte la gestionó el empresario amigo de Zaplana ya que en abril de 2005 decidió adquirir Inscanner, S. L., sin que el cambio de accionariado afectara a la tramitación del concurso, según indicó el entonces conseller Vicente Rambla.
Desde hace seis años, Paz Figueroa tiene el monopolio de todas las resonancias que se hacen en Alicante, ya que del segundo concurso que se adjudicó en 2008 a la UTE Erescanner, S. L., por diez años y 497 millones de euros, él se queda con el territorio del sur de la Comunitat a través de sus dos empresas: Beanaca, S. A., de la que es administrador, e Inscanner, S. A., que administra su hija Ana María Paz Brown, lo que representa el 36,5% de la facturación total del concurso, que al finalizar le habrá reportado 181,4 millones si se mantiene el número de prestaciones acordadas.

En 2007, el entonces conseller de Sanidad, Rafael Blasco, ya se jactaba de que en la Comunitat Valenciana se realizaban el triple de pruebas que la media española.

La exigencia de los directivos del hospital de San Joan en contar con un equipo propio de Resonancia para atender a sus usuarios y a otros de la zona ha sido descartada momentáneamente por la conselleria, a pesar de que la negociación se inició hace cuatro años.

Por este motivo, casi 7.000 pacientes del área se desplazan cada año a los centros privados de Paz y al hospital General, para una exploración.

El empresario amigo de Zaplana se hizo también con el contrato del plan de choque de las operaciones de lista de espera de los hospitales públicos de Alicante que se realizan en los quirófanos del Hospital Clínica Benidorm, propiedad de Paz.

Pero todavía queda una tercera y suculenta fuente de ingresos para las empresas de Paz: la asistencia oncológica que se presta en el Hospital Clínica Benidorm, que la Conselleria de Sanidad adjudicó en mayo de 2005 a la empresa Beanaca por 3 millones por cubrir la asistencia hasta final de año (6 meses), lo que se traduce en 6 millones al año. El contrato se renueva cada ejercicio. De momento, ya ha facturado 63 millones.

Un ahorro del 30 % en las pruebas cuando el equipo es público

Tener un equipo propio de Resonancia Magnética en el hospital de San Juan, como reclama la dirección del centro desde hace cuatro años y la conselleria lleva prometiendo desde hace dos, ahorraría entre un 25 y un 30 % el coste de estas exploraciones. La rentabilidad del equipo sería similar a la que obtiene el servicio de Radiología del hospital Doctor Peset de Valencia, que es el único centro de titularidad pública que tiene un equipo propio.

El coste de las pruebas en este centro hospitalario es la mitad de lo que se abona por hacerlo en alguna de las cuatro empresas de la UTE Erescanner, S. L., adjudicataria del millonario concurso de 2008 a 2018: Eresa, Ribera Salud, Beanaca, S. A., e Inscanner, S. L.

El conseller de Sanidad, Luis Rosado, declaró hace unos días a una pregunta de este periódico sobre el desmesurado gasto en este tipo de prestaciones que aplicará un plan de vigilancia, aunque no lo precisó.
El pliego del concurso detalla que mientras el número de exploraciones se mantenga dentro de la franja de 50 pruebas por mil habitantes, la conselleria respetará el precio señalado, pero si aumentan de 50 a 60, la Administración reducirá el precio en un 20 % a las que se excedan de la cifra acordada, y cuando se superen las 60, la reducción será de un 40 %.

Por otra parte, el dato que facilitó la Conselleria de Sanidad a este periódico el viernes pasado respecto al coste anual de resonancias en la Comunitat Valenciana, que lo cifró en 40 millones no coincide con el que se indica en el pliego que establece que en 2009 se dedicarían 40 millones de euros, en 2010 un total de 42 millones y en 2011 un montante de 44,1 millones. Para 2012 Sanidad preve dedicar a esta partida 46,3 millones; para 2013, 48,2; para 2014, un total de 51 millones; para 2015, 53,6; para 2016, un total 56,2 millones de euros, para 2017, 59 millones y para, 2017 un total de 46,5.

El delegado de CC OO en la comarca de l´Alacantí, Salvador Roig i Martí, manifestó a este periódico la licitación y adjudicación de este concurso, «ha hipotecado la decisión de revertir la prestación».
«Una de las consecuencias de la privatización es que induce la demanda técnica, lo que dispara los costes», declaró Roig.

En el año 2008, en la Comunitat Valenciana se hacían 70 pruebas de resonancia por mil habitantes mientras que en el promedio de Estado se realizaban 35.

Hay que destacar que se quedan fuera del concurso todos los departamentos que tienen el hospital en concesión administrativa como el de la Ribera, Torrevieja, Denia y Manises, así como los de las tres diputaciones, que equivale a 1,5 millones de habitantes menos atendidos por las empresas del concurso y aumenta el coste de la prueba por parte de la UTE.

A través de este correo os informamos  de los últimos acuerdos  del Foro por la Defensa y Mejora de la Sanida Pública de Alicante, del que desde hace algunos años os venimos informando, también desde nuestro blog: http://fdsp.espacioblog.com/

1. Ante el vacio existente en Alicante nos constitutimos hace 6 años, con el objetivo de impulsar los debates, la toma de consciencia y las movilizaciones contra las grandes agresiones  a la sanida pública que se producen en el País Valenciano, especialmente con los procesos de privatización bajo el llamado "modelo Alzira". También desde la crítica y las propuestas alternativas para mejorar  el sistema público.
2. Durante estos años hemos realizado decenas de actos en distintos espacios universitarios y asociativos, con la participación de cientos de personas, además de impulsar y  participar en las movilizaciones en defensa de la sanidad pública que se han producido en nuestro entorno.
3. Igualmente hemos mantenido contacto con otras asociaciones, organizaciones y colectivos que luchan en el País Valencià y el  estado español con esos mismos objetivos. Siempre apostando por la máxima unidad entre todas ellas (desde CAS Madrid, la FADSP, sindicatos como CC.OO o últimamente los grupos de trabajo sobre sanidad del 15M), en esa línea hemos participado en la creación de la plataforma en defensa de la Sanidad Pública del País Valencià e intentado impulsar una plataforma del mismo tipo en las comarcas alicantinas, aunque  hay que decir que  hemos tenido pocos existos, al conseguir solamente   una colaboración estable con al Plataforma Vega Baja  Salud, que viene realizado un gran trabajo en defensa del hospital público de la Vega Baja.
4. Desde hace ya varios años legalizamos unos estatutos en Alicante con el objetivo de federarnos a otras asociaciones de ámbito autonómico y estatal con el deseo de fortalecer las asociaciones de defensa de la sanidad pública, y despues del oportuno debate hemos decidido en la última reunión del mes de julio integrarnos en ACDESA: http://www.acdesa.com/acdesa/suport-al-moviment-15-de-maig/ , que  su vez está federada a la FADSP: http://www.fadsp.org/
5. Creemos que esta decisión incorporarnos  a estas asociaciones, siendo conscientes de sus debilidades,  puede permitir dar un nuevo impulso   ique anime a  nuevas personas a la vez que consolide y multiplique el trabajo realizado hasta la fecha. También mantenemos nuestro compromiso para trabajar en extender las plataformas unitarias en defensa de la sanidad pública, especialmente en el ámbito del País Valencià y sus distintas comarcas.

Por todo ello, te invitamos a difundir este correo e incorporarte a esta nueva etapa  y te pedimos que participes en la afiliación colectiva que vamos a hacer en septiembre a ACDESA, lo que lógicamente implica una cuota (de unos 6€ al mes para personas trabajadoras y apróximadamente la mitad para personas con pocos recursos), ello dá derecho a recibir la revista de la FADSP: Salud 2000 (5 números al año).

Lógicamente con todas las personas interesadas realizaremos una reunión en septiembre, en Alicante, con algún miembro de ACDESA y probablemente de la FADSP, también tenemos la intención de prepeparar un acto público en defensa de la Sanidad Pública en Alicante en los próximos meses y presentar a la nueva junta directiva que surja de este proceso.

Si estas interesad@ te pediimos que envies tu nº de DNI y tu nombre completo al siguiente correo: carmelo.rives@gmail.com

Carmelo es el compañero que mantiene el blog y coordina con Joan Martinez (en contacto con ACDESA) los nombres y DNI de las personas interesadas en participar en esta nueva etapa.

Seguimos en contacto. Un abrazo. Miguel A. Padilla

El boyante negocio de las resonancias
 
Los pingües negocios que impulsó Zaplana. El delegado de Teléfonica para Europa y expresidente de la Generalitat, Eduarzo Zaplana, creó en 2000 los cimientos de uno de los más prósperos negocios del siglo: la privatización de las resonancias en los hospitales públicos. Del primer concurso se beneficiaron su amigo Carlos Paz, de la Clínica Benidorm, y Luis de la Concepción, de Inscanner, que en 8 años facturaron más del doble de lo estipulado.

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA

Mucha fue la guerra que dieron los radiólogos valencianos y muchos los informes que hicieron públicos las Sociedades científicas de Radiología -tanto la valenciana como la española- para oponerse con toda rotundidad a lo que se anticipaba como uno de los negocios más boyantes del siglo: la privatización de las pruebas de Resonancia Magnética en los hospitales de la red pública. Nada detuvo ese río de impetuosa fuerza económica y posterior sanguijuela de las arcas públicas que en el año 2000 activó el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana.

De aquellos polvos vienen estos lodos.

El primer concurso que se licitó por 21.000 millones de pesetas con una vigencia de ocho años se adjudicó a tres empresas: Eresa, que antes del concurso ya tenía el servicio concertado y los equipos asentados en el hospital General de Valencia, que se quedó con Castelló y Valencia y la clínica de Benidorm, que llevaba el íntimo amigo de Zaplana Carlos Paz e Inscanner, propiedad de la familia del diputado popular y entonces presidente de las Corts, Luis de la Concepción.

Pasados los ocho primeros años del concurso, aquellos 21.000 millones de pesetas (130 millones de euros) iniciales se convirtieron en 45.00o millones (270 millones de euros) de facturación final. Un 30 % fue a las clínicas y centros de los allegados del exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana.

El único bastión que estuvo al margen del concurso y de la privatización fue el hospital Doctor Peset de Valencia, que mantuvo su equipo propio y donde se hacían la mitad de pruebas -de 26 a 28 exploraciones por mil habitantes- que las que se realizaban en los hospitales que las tenían privatizadas. El coste también era llamativamente inferior, entorno a los 160 euros con el equipo propio frente a los 289 euros de media que se abona en la actualidad.

Se duplica el importe del concurso

La Comunitat Valenciana fue la única autonomía española que apostó y que sigue apostando por la privatización de este servicio, pese a ser un roto sin remedio aparente.

El último concurso que se falló en septiembre de 2008 se adjudicó a la UTE Erescanner Salud S.L., que está formada por las empresas Eresa, Inscanner SL, Beanaca SA -vinculada a Carlos Paz- y Ribera Salud (Bancaja y la CAM) donde Paz también está presente. En su licitación, la Conselleria de Sanidad duplicó el importe del concurso, que adjudicó por 475 millones de euros con una vigencia de diez años. En la actualidad hay unos 40 equipos montados en los hospitales públicos.

Un año más tarde, en 2009, la Mutua Univale consiguió mejorar los precios de la Conselleria de Sanidad al obtener un precio medio por exploración de 135 euros, bastante alejado de los 289 euros que abona la conselleria, según declararon fuentes de todo crédito.

Hay que destacar que ningún hospital de concesión privada ha optado por la fórmula de la conselleria y todos ellos disponen de sus propios equipamientos de Resonancia Magnética.

40 millones al año y una posible solución de una tarifa plana

La Conselleria de Sanidad informó a este periódico que el gasto anual de las pruebas de Resonancia Magnética asciende a 40 millones de euros, si bien la cantidad podría ser mayor según fuentes consultadas por este periódico.

Cuando el concurso se asignó a la UTE Erescanner Salud SL, el ahora conseller de Sanidad y entonces director de la Agencia Valenciana de la Salud, Luis Rosado, advirtió que si la adjudicataria superaba un número determinado de pruebas -dato que no se ha facilitado a este periódico- se penalizaría a la empresa.
La sanción consistía en reducir los precios, pero eso aún no ha ocurrido, según declaró ayer a Levante-EMV la portavoz de la UTE adjudicataria, Marta Saus, que precisó que lo que sí se ha reducido ha sido el presupuesto. Saus agregó que la resonancia en la actualidad es la "golden standard" (prueba de oro) del diagnóstico médico. Y que la UTE se ha comprometido con la conselleria a colaborar en la racionalización del gasto. Si bien, otras fuentes han sugerido que la propuesta de Sanidad podría ser acordar una tarifa plana con la UTE, de modo que se pagaría lo mismo por un número ilimitado de exploraciones. p. g. b. valencia

Dos tazas del modelo Alzira (y más que están por venir)

EL PP consolida la gestión privada de la sanidad pública

JAIME PRATS - Valencia - 10/05/2011

Hace cuatro años, la gestión privada de los servicios públicos de salud se extendía sobre 400.000 personas (los vecinos de los departamentos de Alzira y Torrevieja). Con la puesta en marcha de los hospitales de Dénia (2009), Manises (2009) y Elche (2010), la cifra ya ronda el millón, lo que supone el 20% de la población del territorio valenciano. Nadie en España ha ido tan lejos en la atención sanitaria mediante la fórmula de la concesión administrativa.

• Gestión privada y déficit

El escenario de fin de legislatura augura cambios de calado

Con Dénia, Manises y Elche, la fórmula ya cubre al 20% de la población

El modelo Alzira no parece haber resuelto la falta de financiación

El hito sanitario que ha vendido la Generalitat es la nueva La Fe

Camps ha anunciado que el futuro pasa por más iniciativa privada

Las mayúsculas tensiones financieras están en primer plano

El gran hito sanitario que se ha esforzado en vender la Generalitat durante los últimos meses ha sido la inauguración del nuevo macrohospital La Fe de Valencia, sobre el que ha centrado los focos de toda su propaganda. Pero si hay alguna característica que puede definir la legislatura (2007-2011) ha sido la consolidación de las fórmulas de colaboración público-privadas -expresión del agrado de la Generalitat- cuyo estandarte es el denominado modelo Alzira. Eufemismos al margen, se trata de seguir partiendo pedazos de la tarta de la sanidad pública para ceder su gestión al sector privado y que sean empresas las que se ocupen (y enriquezcan) de la atención sanitaria integral (desde el médico de cabecera a la atención hospitalaria) de los ciudadanos.

En contra de lo que ha sucedido con las sucesivas inauguraciones de La Fe (un carrusel que amenaza con seguir, pues aún falta la apertura oficial), esta ofensiva privatizadora ha pasado bastante inadvertida. Frente a las polémicas vividas en autonomías como la madrileña, apenas ha habido ruido sindical en la apertura de los últimos hospitales. Se ha tratado de una operación tan discreta que apenas hay distintivos de las empresas que gestionan los hospitales en estos centros, por lo que la mayoría de los pacientes que acuden a ellos no saben quién está detrás de sus cuidados.

Este aspecto comparte protagonismo con los mayúsculos problemas financieros que ha tenido la sanidad pública. Atrás quedan los tiempos de las grandes crisis sanitarias, ya sea el masivo contagio de hepatitis C, las muertes por dializadores en mal estado o los irreductibles brotes de legionela de Alcoi de pasadas legislaturas. El susto corrió a cargo de la irrupción de la gripe A en la primavera de 2009, una amenaza -finalmente diluida- que exigió un ingente esfuerzo organizativo de todas las autonomías y que demostró que las políticas sanitarias coordinadas pueden funcionar muy bien.

Con permiso de Alzira, el primer plano de la actualidad lo ocupan ahora las fuertes tensiones que sufre la caja de la consejería. Sanidad nunca se había retrasado tanto como en el pasado mes de abril en hacer frente al pago a los farmacéuticos por las recetas de la Seguridad Social. Y nunca un colectivo local, como ha hecho la Plataforma de Proveedores de Sanidad, se había movilizado para denunciar abiertamente la crisis de las cuentas públicas como hizo a finales del pasado mes de marzo el citado colectivo al advertir del riesgo "real" de falta de suministro, la situación de hospitales con un 20% de dinero en caja respecto al año anterior o que había facturas en los cajones que entre 2009 y 2010 sumaron 1.300 millones de euros.

Es verdad que el déficit sanitario no es algo nuevo. Ni de este año, ni de esta legislatura. Ha llegado a formar parte de la costumbre que, de forma sistemática, a final de año los gastos de la Consejería de Sanidad superen de largo el presupuesto. Y, mientras tanto, parecía que a nadie del Gobierno valenciano le importaba demasiado. En 2009, por ejemplo, los 5.659 millones de euros presupuestados se rebasaron holgadamente y se gastaron 6.421 (762 millones de euros de números rojos). También es cierto que el déficit sanitario es común a todas las autonomías y, en general, representa entre el 10% y el 15% de los presupuestos. Y que tiene bastante que ver con factores como el envejecimiento de la población o el coste creciente de la tecnología sanitaria y los medicamentos.

Pero la Comunidad Valenciana se ha distinguido por contribuir a esta deuda de forma especial. Si entre los años 2003 y 2007 (la primera legislatura de Francisco Camps al frente del Gobierno valenciano) en toda España se acumularon 10.843 millones de déficit, la Generalitat fue responsable de 2.764 millones, nada menos que el 25% de toda la deuda estatal de sanidad, según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), uno de los pocos que han abordado al detalle esta cuestión.

El final de la legislatura que termina parece coincidir con el momento en el que la bola de nieve de la deuda sanitaria (sumada al resto de números rojos que ha generado la Generalitat) ha engordado tanto por la suma de ejercicios deficitarios que está a punto de llegar al final de su recorrido y amenaza con estallar. Los retrasos en el pago a las farmacias o los proveedores serían un síntoma de esta situación.

Este escenario de fin de legislatura augura cambios de calado para hacer frente a una situación cuya solución se ha ido postergando a lo largo de las últimas décadas (el Informe Abril ya planteó la cuestión en 1990) y que está a punto de llegar a ser insostenible debido a la crisis económica.

Preguntado sobre la necesidad de tomar medidas y realizar reformas, el consejero de Sanidad, Manuel Cervera, insistió recientemente en la idea que ha repetido los últimos años como una letanía: es necesario un gran pacto estatal entre los dos grandes partidos que garantice una gestión más eficiente de los recursos y combata la deuda.

Cervera sostiene que gran parte del déficit sanitario valenciano tiene que ver con que el sistema de financiación penaliza a la Comunidad Valenciana al no contemplar toda su población. Pero además de mayores fondos, este acuerdo exigiría un esfuerzo de coordinación, por ejemplo, en la oferta de la cartera de servicios

En todo caso, no hay ninguna garantía de que este pacto pueda llegar a ser una realidad. Si no tomara cuerpo ¿será la próxima legislatura la de los recortes en la sanidad valenciana si el PP revalida su mayoría absoluta? ¿Habrá un anuncio similar al lanzado por la Generalitat catalana que contemplaba una reducción presupuestaria del 10%? Cuando se ha planteado esta pregunta a la Administración valenciana, despeja a córner e insiste en la idea de la necesidad del pacto. Con el copago, el consejero valenciano es algo más explícito: lo rechaza porque "una medida aislada no soluciona nada".

Mientras tanto, la alternativa se basa en el llamado "modelo sanitario valenciano", cuyo máximo exponente es el modelo Alzira. Frente a otras alternativas, el PP se decantó a finales del siglo pasado por una de las fórmulas más agresivas en lo que se refiere a apuesta privatizadora. No optaron por el modelo de la empresa pública, que facilita instrumentos del derecho privado que ofrecen la posibilidad de gestionar de forma más ágil las plantillas o combatir ineficiencias e inercias que, en ocasiones, lastran la eficiencia del sistema público, sin que los beneficios vayan a una empresa privada. O fórmulas mixtas público-privadas como las elegidas en Madrid.

La solución fue la concesión administrativa, que el Consell vende como una fórmula que le permite ahorrarse entre el 20% y el 30% del coste sanitario. No hay forma de saber si estos datos son ciertos. No hay suficientes estudios de entidades independientes que comparen la eficiencia de este modelo con la gestión pública tradicional y "hay poca transparencia en los datos que se facilitan", según se puso de manifiesto en el pasado congreso de la Asociación de Economía de la Salud. Desde la oposición, sostienen que en lugar de ahorrar, esta fórmula solo es ventajosa para las empresas adjudicatarias que no corren con gastos como la farmacia o la oxigenoterapia.

Las actuales dificultades financieras de la sanidad valenciana no parecen avalar la tesis de la eficiencia del modelo privatizador. Tampoco parecen suficientes las demás medidas tomadas por Cervera, como la centralización de las compras o el control del gasto farmacéutico. En todo caso, no parece que desde el PP haya mucha intención de cambiar el rumbo. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ya ha anunciado que el futuro pasa por reducir la Administración y potenciar la iniciativa privada. Hasta el punto de poner el modelo Alzira como ejemplo de gestión. Si la legislatura que se extingue ha sido la de las dos tazas del modelo, la próxima, de mantener el PP la mayoría absoluta, promete seguir por el mismo camino.

Gestión privada y déficit

- En lugar de fórmulas como las empresas públicas u opciones mixtas -la Administración pone el personal sanitario y el sector privado aporta la restauración, administración, lavandería, aparcamiento, esterilización..., como sucede en Madrid- la Generalitat valenciana optó a finales del siglo pasado por un modelo de gestión privada de la sanidad pública que se ha consolidado esta legislatura y alcanza una cobertura del 20% de la población. Francisco Camps ya ha anunciado que mantendrá esta apuesta en el caso de mantener el poder.

- Junto al afianzamiento del modelo Alzira y, al margen de la inauguración del nuevo hospital La Fe o la crisis de la gripe A que surgió en la primavera de 2099, la legislatura ha estado marcada, especialmente en su tramo final, por las serias estrecheces financieras que han provocado fuertes tensiones no solo con los proveedores, sino con el sector farmacéutico.

El Plan de Choque se puso en marcha hace quince años con el objetivo de acortar la lista de espera de personas que tienen que ser operadas en la Comunidad.
 

PINO ALBEROLA
Nació como una medida provisional para eliminar las listas de espera en sanidad y ya está cerca de cumplir su mayoría de edad. La Conselleria de Sanidad puso en marcha el Plan de Choque en 1996 para ofrecer a los pacientes que se encuentran en lista de espera más de 60 días la posibilidad de ser intervenidos en centros privados, abonando la Conselleria el coste de esta intervención.

Un plan que el entonces conseller de Sanidad, Joaquín Farnós, vendió como "gratis total" ha costado a la Generalitat Valenciana en estos quince años más de 270 millones de euros en el conjunto de la Comunidad, de los que aproximadamente 103 millones han ido a parar a clínicas de la provincia de Alicante, según datos de CC OO.

Para el responsable de Comunicación del sindicato, Salvador Roig, este aniversario demuestra que "siguen persistiendo los problemas estructurales que generan las demoras y las listas de espera". Una situación "que requiere de una importante financiación que se ha consolidado en el tiempo sin que se aporten soluciones que permitan abordar el problema de una forma integral".

En cuanto a la cifra de pacientes, 383.637 personas en las tres provincias se han acogido al Plan de Choque, un 38% de ellas en Alicante, lo que supone unos 146.000 pacientes.

Cataratas, hernia inguinal, varices, cordales y meniscopatías son las operaciones que, con mayor frecuencia, Sanidad deriva a las clínicas privadas. Según los últimos datos aportados por la Conselleria al PSPV, y correspondientes a 2009, al menos una veintena de empresas factura en la provincia a través del Plan de Choque.

Cifras aparte

Pero al margen del desembolso que Sanidad ha tenido que realizar en estos 15 años a los centros privados para que atienden a los pacientes, la forma en la que se gestiona este programa es uno de los aspectos que más desconfianza ha despertado en todo este tiempo entre oposición y sindicatos. "No existe ningún tipo de transparencia legal", señala Salvador Roig. El número de pacientes que se derivan "se adjudican a dedo y no se conocen públicamente ni los criterios de adjudicación de los procesos quirúrgicos, ni los costes que los mismos generan".

La regulación del Plan de Choque se realiza a través de un decreto del año 1996 mediante la fórmula de "reintegro de gastos", que inicialmente está concebida para subvencionar a los pacientes cuando reciben tratamientos fuera del sistema público, "cuando en realidad el dinero lo están recibiendo directamente los centros hospitalarios". Para el responsable de Comunicación de CC OO "se trata de un clarísimo fraude de ley, que ha sido señalado por la Sindicatura de Comptes en sus informes anuales sin que la Conselleria de Sanidad convoque los concursos que permiten realizar los conciertos sanitarios regulados en la Ley de Contratos del Estado". En este sentido, CC OO señala que "agotada la capacidad de respuesta del sistema publico, no tenemos ningún problema en que se instauren fórmulas de colaboración con la sanidad privada, pero la relación debe gestionarse con la máxima trasparencia y seguridad jurídica".

Incompatibilidades

Esta misma opacidad impide, en opinión de Salvador Roig, "conocer si los médicos que realizan las operaciones en los hospitales privados están vinculados a los servicios quirúrgicos de los centros públicos". De ser así, "se entra en total colisión con lo regulado en la Ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas". En este terreno "también es imposible hacer un seguimiento de los procesos, ya que las memorias de gestión de este programa jamás se han entregado a los consejos de salud".

Por su parte, la Conselleria de Sanidad ha defendido en numerosas ocasiones el ahorro de costes que se logra con este programa y pone como ejemplo las operaciones de cataratas "que en la red pública cuestan 1.370 euros y con el Plan de Choque 675 euros". El portavoz de Sanidad del PSPV en las Cortes, Ignacio Subías, tacha de "absurda" esta comparación. "En ningún momento se detalla lo que se incluye en esas castidades de dinero".
Para Subías, estos 15 años de programa, son un ejemplo "de la ineficacia que el PP ha hecho en la gestión del modelo sanitario y de su política de escaparate y victimismo".

Impagos

Estos quince años de Plan de Choque se han visto además salpicados por los retrasos de la Conselleria de Sanidad en el pago a las clínicas adheridas al programa.

En este sentido, en 2004 la clínica Mare Nostrum de Alicante cerró sus puertas ahogada por una crisis financiera debido, según sus responsables, a los impagos del Consell. Este centro sanitario era el que más facturaba en la provincia de Alicante por el Plan de Choque y el segundo que más pacientes acogía de la Comunidad Valenciana.

P. ALBEROLA

El Plan de Choque nació con el objetivo prioritario de reducir la espera de los pacientes que tienen que ser operados en la Comunidad. Sin embargo, la gestión de las listas de espera de pacientes es uno de los aspectos más criticados por la oposición y los sindicatos durante los quince años que lleva funcionando este programa.

Actualmente, estas listas se han fragmentado en dos, la estructural y la no estructural. En esta última entran, mayoritariamente, aquellos pacientes que rechazan operarse en una clínica privada del Plan de Choque porque quieren ser intervenidos en su hospital de referencia. Una decisión que provoca que estos pacientes tengan que esperar mucho más tiempo que aquellos que aceptan ir por la vía privada. Por ejemplo, en el Hospital General de Alicante la demora media de los pacientes en lista de espera estructural rozaba el pasado mes de diciembre los 60 días, mientras que la no estructural superaba los 262 días de espera.

De esta forma, señala Salvador Roig, Sanidad "penaliza a los enfermos que rechazan el plan". La Conselleria, añade el responsable de Comunicación del sindicato, "sólo contabiliza los pacientes que están en la lista de espera estructural, haciendo depuraciones de los datos y escondiendo la realidad de las listas de espera en los hospitales públicos".

Tomás Más es uno de esos pacientes que no quiso operarse del hombro en una clínica privada "y al final tardaron 14 meses en intervenirme en el Hospital de Sant Joan". Para Más, la sanidad pública es la que genera mayor confianza, por lo que "es normal que nos queramos operar en los hospitales donde nos atienden habitualmente nuestros médicos, que son con los que tenemos más confianza". Respecto al Plan de Choque, "me parece una lástima que habiendo médicos en paro, el dinero público se tenga que destinar a pagar a centros privados".

Un problema sin resolver

Por su parte, el portavoz de Sanidad del PSPV en las Cortes, Ignacio Subías cree que en estos 15 años de Plan de Choque, el Gobierno de la Generalitat "ha sido incapaz de arreglar el problema de las listas de espera, ya que aunque no dan datos oficiales, todo el mundo conoce casos de pacientes que han tardado hasta un año en ser operados".

Una situación que, a juicio de Subías "rompe la equidad del sistema sanitario y ocasiona un grave trastorno, tanto al paciente como a su familia".

El copago sanitario tiene alternativas

Médicos y expertos defienden que existen muchas medidas a tomar antes de establecer pagos adicionales para sostener la sanidad pública. Los ahorros podrían superar los 10.000 millones

ANTONIO GONZÁLEZ MADRID 13/12/2010 08:00

PÚBLICO

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Al calor de la crisis económica arrecia el debate sobre la conveniencia de establecer un copago sanitario para garantizar la sostenibilidad del sistema público de salud, lastrado por una deuda que oscila entre los 8.000 y los 12.000 millones de euros.

La semana pasada, la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, preguntada por la posición favorable al copago expresada el martes por el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (Ecofin), insistió una vez más en que antes de plantearse esa posibilidad hay que "agotar todas las medidas de ahorro y eficiencia". En efecto, antes de aplicar el copago sanitario, que no ha demostrado sus beneficios y se caracteriza por su inequidad y por penalizar más a las rentas más bajas, se pueden adoptar numerosas medidas que aumentarían la eficiencia del sistema sanitario, tal como ponen de relieve los propios médicos y los expertos en economía de la salud.

Pajín: "Antes hay que agotar todas las medidas de ahorro y eficiencia"

Varios informes recientes elaborados por entidades tan diferentes como la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE) y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) han identificado una batería de actuaciones que permitirían ahorrar en su conjunto más de 10.000 millones de euros; es decir un 15% del gasto sanitario total.

Puede empeorar la salud

Ante las evidencias existentes, el coordinador del informe de la semFYC , Pascual Solanas, explica que los médicos no pueden estar a favor del copago porque no sólo no reduce el gasto a largo plazo, sino que además "en grupos concretos de pacientes puede empeorar la salud". Joan Barrubés, director de Antares Consulting y uno de los autores del informe de ESADE, considera que "hay muchas medidas que se pueden tomar y que no pasan por el copago". "Hicimos el informe porque nos molestaba profundamente que todo el debate sobre la sostenibilidad de la sanidad se centre en el copago", agrega Barrubés.

Un experto: "Nos molesta que todo el debate se centre en el copago"

Para el portavoz de la FADSP, Marciano Sánchez Bayle, el debate sobre el copago "está planteado sobre bases falsas". A su juicio, la actual situación económica no parece el mejor escenario "para establecer barreras de acceso al sistema sanitario", y menos para poner en marcha un sistema "claramente injusto, insolidario y favorecedor de la inequidad" como el copago sanitario. Al igual que Solanas y Barrubés, Sánchez Bayle cree también que existen otros caminos, algunos de los cuales se exponen a continuación, para racionalizar el gasto sanitario y garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública.

MÁS PRESUPUESTO

Aumentar el porcentajedel PIB dedicado a Sanidad

España aporta menos a la sanidad pública que otros países europeos, lo que indica que hay margen para aumentar el presupuesto, mejorando la lucha contra el fraude fiscal. Según Eurostat, el gasto público sanitario representó en 2008 en España el 6,25% del PIB, frente al 7,9% de Alemania o el 8,42% de Francia (en 2007). Es cierto que en España se frecuentan más las consultas (ocho visitas por año frente a la media europea de 5,8). Pero esto es consecuencia del propio sistema ("hay muchas consultas burocráticas", señala Sánchez Bayle), no del ciudadano. Esta hiperfrecuentación se compensa con la menor duración de las estancias hospitalarias, de 10,7 días frente a los 15,9 de Europa.

PAGO POR MEDICAMENTOS

Replantear el sistema

Los expertos creen que hay que replantear el actual copago farmacéutico para ajustarlo al nivel de renta de los usuarios, al margen de si se trata de trabajadores o jubilados. La propia Organización Médica Colegial cree que el sistema "ha quedado obsoleto y desfasado". Como comenta Barrubés, la contribución efectiva del ciudadano al gasto farmacéutico ha pasado del 11% en 1990 al 5,4% en 2010. Volver a los niveles de contribución anteriores aportaría 513 millones anuales al sistema.

PACIENTES CRÓNICOS

Un modelo propio

Cada vez más pacientes combinan enfermedad crónica y dependencia, y siguen consumiendo una parte importante de los recursos de hospitales de agudos y consultas de primaria. Crear un modelo de atención específica para ellos evitaría 1,6 millones de estancias hospitalarias, el 33% de las consultas de atención primaria y ahorraría más de 2.000 millones anuales.

IMPUESTOS FINALISTAS

Tabaco y alcohol

Elevar los impuestos especiales al tabaco y el alcohol, dos productos con claro coste sanitario, y destinar los fondos a la sanidad de forma finalista es otra de las posibilidades.

INCENTIVOS A LOS MÉDICOS

Mejora de la calidad

Establecer un sistema de incentivos a los profesionales por mejoras en la gestión, la utilización de fármacos y el uso racional de pruebas diagnósticas ahorraría al sistema unos 3.100 millones al año.

NUEVOS FÁRMACOS

Criterios de objetividad

Modificar la cartera de fármacos y los precios de los productos en función de criterios de objetividad y eficiencia supondría una racionalización sustancial de la factura farmacéutica, que en 2009 ascendió a 12.500 millones.

TECNOLOGÍA SANITARIA

Una evaluación exhaustiva

Al igual que ocurre con los medicamentos, debe reforzarse la evaluación de la tecnología médica desde la perspectiva del coste-efectividad. Se podrían ahorrar más de 400 millones anuales.

PRESTACIONES PÚBLICAS

La búsqueda de la eficiencia

Los médicos creen que ha llegado el momento de establecer un catálogo de prestaciones y servicios "que permita eliminar los servicios inefectivos o con un coste-efectividad inaceptable".

PREVENCIÓN DE LA SALUD

Beneficios a largo plazo

Los expertos coinciden en que la generalización de hábitos de vida saludables hacen caer drásticamente el coste en tratamientos de la enfermedad cardiovascular, la diabetes de tipo 2 y numerosos cánceres. Reforzar la atención primaria también evitaría costes posteriores.

CENTROS DE REFERENCIA

Medicina de tercer nivel

Plantear una distribución más racional de las unidades de alta tecnología médica, hospitales universitarios y centros de referencia, al margen de criterios políticos, podría liberar más de mil millones anuales.

SEGURIDAD DEL PACIENTE

El coste del efecto adverso

Los efectos adversos que sufren los pacientes le cuestan al sistema hasta 2.700 millones al año, de los que mil millones podrían evitarse aplicando las llamadas prácticas seguras simples.

En la última década, la sanidad pública en la Comunidad Valenciana ha asistido a una transformación en su gestión, que bajo la excusa de colaboración público-privada, se ha convertido en una clara privatización del 30% de la sanidad pública valenciana. Áreas sanitarias cómo las de Alzira, Denia, Torrevieja, Manises y Elche-Crevillente ya han sido privatizadas en la gestión completa de sus recursos humanos y materiales a través de una fórmula denominada concesión administrativa, donde un grupo de empresas, generalmente cajas de ahorros (Bancaixa y CAM) y compañías de seguros, se asocian de forma temporal para este fin (por facilitar la lectura las llamaremos UTEs).

Estas asociaciones de empresas (UTEs), se unen de forma temporal para dar cobertura a un determinado departamento se salud, recogen bajo su cobertura a toda la población que pertenece a esa área sanitaria y cobran por ello un importe pre-establecido a la Conselleria de Sanitat por garantizar una adecuada asistencia sanitaria (esto supone una vulneración de la ley de la competencia porque no arriesgan nada al tener la clientela asegurada y el pago anticipado). Es decir, cogen del negocio privado lo mejor, aquello que aporta beneficios y lo cobran de antemano. Lo que no resulta rentable no lo hacen y es la Conselleria de Sanidad la que asume gastos que hasta el momento se han mostrado difíciles de controlar. Las UTEs no asumen las prestaciones ambulatorias de Farmacia y Oxigenoterapia, ni son de su cuenta el coste de la Ortopedia ni del Transporte Sanitario ni del dispositivo SAMU.

Además los beneficios pueden ampliarse atendiendo a pacientes de otros departamentos de Salud ya que esos facturan por separado. En concreto captan clientes de entidades privadas y públicas de todo el Estado Español al precio que consideran conveniente. Se constituyen servicios «estrella» quirúrgicos que se ofertan como servicios externos a otras entidades. Además se prima a las especialidades médicas y quirúrgicas rentables económicamente, sobre las que no son rentables y que poseen un coste social añadido. Por ejemplo, el hospital de Alzira carece de UCI infantil y la atención a los pacientes VIH o trasplantes no se realizan en este hospital comarcal. Y tienen la red protectora de la derivación a la red pública tradicional de lo no rentable, a veces por la derivación indirecta realizada por el propio paciente. Actuando, además, de forma monopolística, pues se trata de la única empresa autorizada para proporcionar la asistencia sanitaria de su área de salud.

Aunque lo expuesto llama la atención, lo cierto es que tiene la cobertura normativa de la Ley 15/1997 de 25 de abril (BOE, 26 de abril de 1997) sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, dónde deja en manos de la Comunidades Autónomas determinar las peculiaridades del pliego de cláusulas administrativas de las concesiones.

Para el control de las concesiones administrativas, es decir, para asegurar que cumplen las premisas fundamentales del Sistema Sanitario Público y de la Ley General de Sanitat se creó la figura del Comisionado de la Agencia Valenciana de Salut. Entre sus funciones está, tal como recoge la Resolución 20 de Julio de 2009, valorar la idoneidad de los recursos humanos y materiales para el desempeño de las funciones de aseguramiento sanitario. Porque es la Conselleria de Sanidad la responsable última de la asistencia sanitaria de la población asignada a las concesiones. Pero en la práctica, la figura del Comisionado genera serias dudas cuando es un puesto político y designado por acuerdo entre la aseguradora y las cajas de ahorro, estando estas últimas dominadas por el partido político en el poder, claro defensor de este tipo de gestión. Por ello las cuentas nunca están claras y no existe una verdadera fiscalización de los resultados, aunque se vende que son beneficiosas económicamente y obtienen ganancias, además de unos resultados en calidad asistencial de record. Sin duda, la enorme maquinaria de marketing creada para extender el modelo en esta comunidad y en otras, está permanentemente engrasada.

La gestión privada de recursos públicos en las UTEs realiza la gestión de personal como en una empresa privada de corte estrictamente «sólo beneficios». Los convenios colectivos que marcan las reglas del juego entre empresa y sus trabajadores están recopilados en unos pocos folios que recogen sucintamente el Estatuto de los Trabajadores y que obligan a trabajar más horas (entre 180 y 200 al año) que el resto de la sanidad pública valenciana a cambio de menor retribución fija (entre un 12 y 14% menor). No hay control en la contratación de trabajadores, pues a pesar de utilizar recursos públicos no se contemplan los principios constitucionales de acceso al empleo en condiciones de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Se debe ser políticamente,

ideológicamente y sindicalmente correcto para acceder a un puesto indefinido, además de no padecer merma física ni mental alguna. Los trabajadores no tienen las garantías del sistema público, pues no se asume el coste social del mínimo porcentaje del 5% de personal con minusvalías y siendo instituciones que utilizan dinero público, practican el despido libre.

Las dimensiones de las plantillas de médicos de estos hospitales y de la red de centros de salud en Atención Primaria son inferiores a las de cualquier área sanitaria gestionada directamente por la Conselleria de Sanidad. Se produce una sobrecarga asistencial con altos índices de estrés y burn-out de los profesionales con una alta tasa de abandono del puesto de trabajo, pues ello se suma a que las condiciones laborales son peores que en los centros de gestión pública directa (más horas de trabajo y menor retribución). Se utilizan técnicas empresariales no vistas hasta ahora por los médicos de asistencia pública (el despido es libre y las jefaturas funcionan como verdaderos capataces). Además, para mantener el principio de autoridad, como en cualquier empresa privada, se utilizan, a través de asesorías jurídicas impecables técnicamente y, por supuesto, muy bien retribuidas por parte de la empresa (o sea, indirectamente a través de los impuestos de los ciudadanos) todo tipo de caminos legales para impedir cualquier tipo de reivindicación.

En ningún momento, se ha planteado que este tipo de gestión se aplique a los grandes hospitales de referencia que no tienen posibilidades de derivación y que tienen que ser autosuficientes. Se externalizan hospitales secundarios que siempre pueden recurrir a los públicos cuando no saben, pueden o quieren ocuparse de ciertos procesos o pacientes. Se trata siempre de hospitales comárcales de mediano tamaño que tienen el colchón de los grandes hospitales de referencia que suplen sus insuficiencias. Incluso se llega a seleccionar procesos, primando los de poco coste y poca duración.

Se ha dejado entrar al capital privado en el mercado de la Sanidad pública. Y se le ha dejado entrar con unas condiciones privilegiadas que rompen los principios esenciales de la economía de mercado. No se respeta el principio de la libre competencia ni el de la oferta y la demanda. Los clientes son fijos y obligatorios (todos los ciudadanos del departamento de salud correspondiente deben acudir al hospital designado). No hay competencia (sólo existe un hospital público al que acudir). No hay impagados (el erario público siempre paga, y a las UTEs, sin demora). Los gastos de difícil gestión los paga directamente el erario público. Los ciudadanos deben saber que con sus impuestos se está pagando una sanidad pública dónde empresas privadas van a obtener beneficios. En caso de no tenerlos, las pérdidas se sufragaran vía impuestos. De forma imperceptible quizá estemos caminando hacia unas formas de medicina como la existente en los EEUU, donde la calidad de la asistencia médica depende del nivel de ingresos del ciudadano.

Y encima, como se trata de empresas de seguros las que obtienen las concesiones administrativas, todas se han hecho un reaseguro. Cada empresa de seguros ha cogido sólo un Departamento de salud. La composición

accionarial supone que la empresa de seguros participa en el 51% (con lo cual tiene garantizada la toma de decisiones) y el dinero público participa en el 49% (las Cajas de Ahorro asumen la mitad de las pérdidas, a pesar de que son entidades sin ánimo de lucro). La participación de este dinero público garantiza la viabilidad del sistema, y además repercute negativamente en la sociedad al montarse una infraestructura burocrático-administrativa ideal para proporcionar cargos apetecibles a los afiliados al partido político que gobierna.

Actualmente nos encontramos ante un punto muerto en espera de que la Ley 15/97 sea modificada, ya que recientemente se presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley por parte de Izquierda Unida y que fue apoyada por el partido gobernante de la nación, el PSOE. Está pendiente de enmiendas y de resultar modificada finalmente en la línea de limitar la privatización de la sanidad pública, pudiera suponer fecha de caducidad a la ya existente en la sanidad de la Comunidad Valenciana y volver a un sistema tradicional de gestión directa de la sanidad pública que ha sido siempre ejemplo y referencia de otros países.

RETALL DE PERSONAL

L'HOSPITAL DE MANISES ATEN A 200.000 PERSONES. FOTO: L'INFORMATIU

L’Hospital de Manises certifica el fracàs de la Sanitat de gestió privada

Les concessionàries, Ribera Salud i Sanitas, retallen personal per a obtindre més beneficis. Els treballadors veuen la situació insostenible per la precarització laboral i del servici als pacients. L’estiu passat es va haver de tancar una planta sencera de les quatre que té el centre per falta d’infermers.

JOSEP BELTRÍ. 27 octubre 2010 .

Les dos firmes concesionàries de l’Hospital de Manises van obtindre quantiosos beneficis l’any passat. Ribera Salud, la firma participada al 50% per Bancaja i la CAM, va guanyar en 2009 2,1 milions d’euros. Per la seua banda, l’asseguradora Sanitas, l’altra propietària, en va aconsseguir més de 80 en els diferents sectors en que participa.

Tot i estes bones xifres malgrat la crisi econòmica, la direcció del centre maniser ha decidit des de fa uns mesos iniciar una política de retalls de serveis, sobretot en personal sanitari, per a reduir despeses. Estes actuacions tenen el vist-i-plau de la Conselleria de Sanitat que defén este model de gestió i que en un futur convertirà tots els hospitals i centres d’especialitats de nova construcció al model britànic, o de gestió privada.

Així, el comitè d'empresa d’Atenció Primària i Especialitzada de l’Hospital Manises va denunciar esta "contínua disminució de la qualitat assistencial" a l'hospital valencià i la "vulneració de les normes laborals”.

Segons van explicar des del comitè d'empresa, en els últims mesos es vénen produint continus canvis de torn, així com reestructuracions de personal, la qual cosa es tradueix "en un menor nombre de treballadors per atendre a la població", cosa que "repercutix en la qualitat assistencial", van lamentar.

El servei on ha quedat més palès esta disminució del personal és, segons el comitè d'empresa, la Unitat de Vigilància intensiva (UCI), ja que "mentre en altres hospitals de la Comunitat Valenciana hi ha una infermera per cada tres pacients, a Manises hi ha una infermera per cada cinc". Un reflex de la qualitat de la Sanitat pública en comparació la de gestió privada.

Esta situació està arribant a uns "límits insostenibles" a causa de "les retallades abusives del personal de l'hospital i dels centres ambulatoris", l’"única conseqüència dels quals" és "un empitjorament de la qualitat assistencial", van reiterar.

Davant esta situació, el comitè d'empresa de Primària i Especialitzada va manifestar el seu "rebuig i preocupació" pels futurs canvis que s'estan anunciant en els diversos serveis, la qual cosa, en la seva opinió, "redunda en una disminució de l'atenció al pacient".

Per la seua banda, com ja va publicar l’Informatiu, UGT també va denunciar que la direcció de l'Hospital de Manises ha plantejat una reestructuració perquè el personal infermer de consultes externes passarà "en breu" a altres serveis. "Això suposa que el 65 per cent de les consultes externes de l'Hospital de Manises mancaran d'infermera en el moment en què es duga a terme esta reestructuració", van assenyalar.

Les consultes que deixaran de tindre personal qualificat en la infermeria són: Otorinolaringologia, Pediatria, Urologia, Dermatologia i Anestèsia i la consulta de Traumatologia quedarà amb una sola infermera.

Segons l’agència de qualificació del deute Fitch, la Sanitat administrada d’esta manera dificultarà l’eixida de la crisi de l’economia valenciana

En cas que es duga a terme esta reducció de personal qualificat, "suposaria un dràstic minvament en la qualitat assistencial que l'Hospital de Manises ha de prestar". "Cal tenir en compte que este hospital de gestió privada ha d'oferir la mateixa cartera de serveis que l'Agència Valenciana de Salut, ja que com a concessió administrativa presta el servici públic de sanitat als més de 200.000 habitants del Departament de Salut de Manises", van apuntar.

Concretament, l’Hospital de Manises presta servici als municipis de Buñol, Alborache, Macastre, Yátova, Xest, Xiva, Manises, Quart de Poblet, Godelleta, Torís, Loriguilla, Riba-roja de Túria y Aldaia.

UGT exigeix que la qualitat assistencial corresponent a la cartera de servicis "ha de ser la mateixa per a tota la ciutadania i no dependre de necessitats d'estalvi en la gestió privada". A més, advertix que les Consultes Externes d'un Hospital "no poden mancar de personal infermer qualificat, ja que en elles han de dur-se a terme nombrosos tractaments específics que exigeixen la presència d’este tipus de personal".

Este model de gestió privada no és només desastrós per als trebaladors i els pacients si no per a combatre el deute, com ja va revelar l’Informatiu. Segons l’agència de qualificació del deute Fitch, la Sanitat administrada d’esta manera dificultarà l’eixida de la crisi de l’economia valenciana perquè hipoteca la Generalitat a llarg termini, el que fa perdre competitivitat.