EL PAIS-COMUNIDAD VALENCIANA 28-09-2009

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Sanidad/mejora/condiciones/gestion/privada/hospitales/publicos/elpepiespval/20090928elpval_1/Tes

Sanidad mejora las condiciones a la gestión privada de hospitales públicos

La ampliación de la población adscrita favorece a las adjudicatarias

JAIME PRATS - Valencia - 28/09/2009

Primero fue el hospital de La Ribera, en Alzira. Luego el de Dénia. Y en el verano que acaba de expirar, en pleno agosto, fue el de Manises. La Consejería de Sanidad ha cambiado las condiciones por las que cedió a empresas privadas la gestión de la sanidad pública en estas localidades. Y el cambio no ha sido precisamente en contra de los intereses de estas firmas adjudicatarias.

"El único bloqueo es el que hay en el PSPV", replica David Serra

El modelo sanitario impulsado por el PP consiste en delegar en empresas privadas la responsabilidad de la atención médica de ciudadanos de la red pública de determinadas comarcas o departamentos de salud. A través de un contrato, la empresa adjudicataria se compromete a cubrir los cuidados sanitarios de un determinado número de personas (entre 250.00 y 155.000, depende de los casos), a cambio de cobrar una cantidad fija por cada una de ellas (572 euros en Alzira en 2008) que paga la Generalitat.

En este acuerdo suelen entrar otras contraprestaciones (reformas de centros sanitarios, extensión de la población cubierta, tiempo de duración de la concesión) que la Administración y la adjudicataria se comprometen a cumplir. Una vez firmado el acuerdo, sobre la Generalitat recae la tarea de control para que se cumplan las condiciones del contrato, aunque la Administración valenciana no ha tenido mayor problema en cambiar las reglas de juego sobre la marcha hasta en estas tres ocasiones.

Manises ha sido el último ejemplo. A mitad de agosto, sin dar tiempo ni siquiera a que se cumplieran los dos meses de la puesta en funcionamiento del centro, la Consejería de Sanidad comunicó un aumento de 22 millones de euros en el canon que recibe anualmente la empresa que gestiona el centro (participada por la aseguradora Sanitas y Ribera Salud, una entidad integrada por Bancaixa y la CAM).Sanidad decidió ampliar la población asignada a la empresa concesionaria del hospital de Manises al añadir Mislata a las localidades de Buñol, Alborache, Macastre, Yátova, Cheste, Chiva, Quart de Poblet, Turís, Godelleta, Riba-roja, Loriguilla, Aldaia y el Barrio del Cristo. De esta forma, a los 145.000 vecinos inicialmente previstos en el contrato se sumaron otros 45.000 más y la cantidad a recibir anualmente por parte de la Generalitat pasó de 72 a 94 millones.

La consejería apunta que esta modificación obedece a la reestructuración que está provocando el nuevo diseño del mapa sanitario de la ciudad de Valencia ante la futura puesta en marcha del nuevo hospital La Fe. De momento, la concesionaria ha salido ganando al sumar un mayor número de población con un hospital dimensionado para menos actividad. "Aún no están especificadas las contraprestaciones que deberá realizar la concesionaria", indican fuentes del departamento que dirige Manuel Cervera, que señalan "irán encaminadas a inversiones en atención primaria o una modificación de la cuota que reciben por paciente".

En Dénia, la Generalitat está llevando a cabo la reforma del antiguo hospital que, según el contrato de gestión, correspondería a la concesionaria (la aseguradora DKV y Ribera Salud). Cuando la Consejería de Sanidad sacó a concurso la gestión de este departamento de salud, la adjudicataria se comprometió a construir un nuevo hospital, reformar el antiguo hospital de Dénia y convertirlo en sociosanitario y reformar el centro de especialidades de Dénia. Así consta en el contrato firmado por ambas partes en marzo de 2005.

Sin embargo, en diciembre de 2008, la consejería dio un vuelco a estas condiciones. La adjudicataria ya no debía reformar el antiguo hospital de La Pedrera, que asumió la Generalitat, ni el centro de especialidades. En lugar de ello, ha de construir un centro de salud en las dependencias de La Pedrera, otro centro de salud en Dénia y reformar el centro de salud de Calp para convertirlo en un centro integrado. En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el PSPV, ante lo que este partido considera un regalo a la concesionaria por excusarla de reformar del antiguo hospital, estos cambios "suponen un aumento de inversiones, por lo que no hay regalo, sino todo lo contrario".

Estos dos casos tienen el precedente de la operación rescate del hospital de Alzira, que el Consell ejecutó a finales de 2002. Por entonces, al primer hospital de gestión privada, que abrió sus puertas en enero de 1999, no le salían las cuentas y acumulaba, ejercicio tras ejercicio, números rojos. Y el Partido Popular no se podía permitir el lujo de que fracasara su principal apuesta en política sanitaria. Ante este escenario, la Generalitat optó por rescatar el hospital y volverlo a sacar a concurso bajo unas condiciones económicas y de gestión más atractivas.

Teóricamente, esta nueva operación estaba abierta a cualquier empresa, aunque volvió a concederse a la anterior adjudicataria (Adeslas, Ribera Salud, Lubasa y Dragados) con importantes ventajas. En lugar de controlar sólo el hospital, como especificaban las condiciones del contrato inicial, la empresa se haría cargo de la atención sanitaria integral, es decir, además del hospital, asumía la asistencia primaria.

Esto le permitió no sólo controlar el flujo de pacientes que llegaban al hospital desde los centros de salud, sino además cobrar un canon mayor por paciente. Además, el plazo de explotación se alargó de los 10 años previstos inicialmente a 15 años prorrogables a otros cinco más. En 2005, la sociedad ganó 1,8 millones de euros. En 2006 fueron 2,5 y en 2007 la suma alcanzó los 3,1 millones de beneficio.

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EL PAIS Comunidad Valenciana 24-09-2009

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Sanidad/gasta/farmacia/Cataluna/elpepiespval/20090924elpval_6/Tes

Sanidad gasta en farmacia un 30% más que Cataluña

MIGUEL OLIVARES - Valencia - 24/09/2009

Los datos de gasto farmacéutico desde agosto de 2008 hasta el final del mes pasado que ayer difundió el Ministerio de Sanidad revelan que la factura anual de farmacia que corresponde a cada valenciano asciende a 309,9 euros, de acuerdo con el padrón del INE a 1 de enero de 2009. Cada catalán, sin embargo, ha consumido en el mismo plazo 247,4 euros comprando los medicamentos prescritos y cubiertos por la Sanidad pública. La factura que corresponde a cada andaluz es de 244,7 euros. El gasto público en farmacia por habitante es un 30% superior en la Comunidad Valenciana respecto a Cataluña y Andalucía.

La comparación con la Comunidad de Madrid es aún más desfavorable. Cada madrileño ha gastado 205 euros. Los valencianos consumen en farmacia pública un 50% más que los madrileños.

¿Por qué?

La versión oficial de la Consejería de Sanidad es siempre la misma. Por un lado, la Comunidad Valenciana recibe gran número de visitantes nacionales que no dejan de acudir a la Sanidad pública aunque estén de vacaciones.

Por otro, decenas de miles de jubilados extranjeros procedentes de la Unión Europea se han asentado en territorio valenciano. El consumo de farmacia entre los mayores se dispara en relación al resto de grupos de edad y ese coste repercute sobre las arcas de la Generalitat.

Ignacio Subías, portavoz de Sanidad del PSPV en las Cortes Valencianas, atribuye el diferencial a la ausencia de controles sobre el consumo de medicamentos desde la Consejería de Sanidad de la Generalitat. "¿Acaso no reciben turistas ni albergan jubilados extranjeros Andalucía y Cataluña?", se pregunta el diputado socialista.

Subías lamenta la escasa disposición a recetar medicamentos genéricos en la Comunidad Valenciana y recuerda que el gasto por habitante en resonancias magnéticas, por ejemplo, duplica los indicadores recomendados por la Sociedad Española de Radiología. "Gastan más porque no hay control", sentencia.

Los datos de gasto farmacéutico de agosto a agosto revelan, además, un enorme desfase entre el presupuesto de la Consejería de Sanidad para 2009 y el consumo real.

La dotación para farmacia y gastos de recetas en 2009 es de 1.115 millones de euros. El gasto real entre agosto y agosto ascendía a 1.531 millones de euros, más de 400 millones de euros de desfase respecto a lo previsto.

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LEVANTE 11-09-2009

 http://www.levante-emv.com/comarcas/2009/09/11/aumenta-canon-consell-paga-hospital-ribera/629701.html

El canon que el Consell paga al hospital de la Ribera aumenta un 38% en 4 años

La Generalitat abona 572 euros por cada uno de los 264.000 habitantes, 158 más que en 2004

CARLOS ALÓS ALZIRA

La tarifa que la Generalitat abona al hospital de la Ribera por la atención sanitaria de los 264.000 habitantes de la comarca a los que el centro hospitalario presta asistencia se ha incrementado un 38% en apenas cuatro años. La prima por habitante ha pasado de 413 euros en 2004 a los 572 euros por vecino que la Generalitat transfirió en 2008. Los datos forman parte de la memoria del año pasado a la que ha tenido acceso Levante-EMV.

El hospital de Alzira, el primer centro sanitario público de España cuya gestión fue concedida a una empresa privada, ha visto como el canon que el Consell de Francisco Camps abona no ha dejado de crecer desde que el centro abrió sus puertas el 1 de enero de 1999. El aumento de 158 euros por habitante coincide en el tiempo con la modificación de la concesión administrativa que se realizó en 2003 para que Ribera Salud, empresa que lidera Adeslas (51%), y de la que forman parte Bancaja y CAM (45%), ACS-Dragados (2%) y Lubasa (2%), ampliara su ámbito de gestión a los centros de salud y ambulatorios de buena parte de la comarca y se hiciera cargo de la asistencia primaria y especializada. La variación del canon que cobra el hospital de la Ribera supone más del doble del aumento que ha registrado el IPC, que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), creció un 16,4% desde enero de 2004, fecha en la que el Consell abonaba 413 euros frente a los 572 de 2008.

Durante estos años, el hospital de la Ribera se ha convertido en la bandera de la política sanitaria del PP que ha expandido el llamado "modelo Alzira" con nuevos hospitales de gestión privada en la Comunitat Valenciana y también en la de Madrid, las dos autonomías más pobladas en las que gobierna. El canon del Consell es además la principal fuente de financiación del hospital. El concurso de 2003 permitió también ampliar la concesión administrativa a 15 años, por lo que la gestión privada del hospital universitario de la Ribera no concluirá hasta 2018, aunque es prorrogable por 20 años más.

Las fuentes consultadas del hospital aseguran que el aumento de la "cápita" obedece a que el centro no ha escatimado esfuerzos en la inversión para mejorar el servicio. La prima, según el hospital, crece cada año en proporción al aumento presupuestario de la propia conselleria y del ministerio. Además aseguran que 2004 es justo cuando se incorpora la primaria a la gestión del hospital.      

Más de tres millones de beneficio en un año

Ribera Salud-UTE, la empresa que gestiona el área de salud de la Ribera y de la que forman parte Adeslas (51%), Bancaja y CAM (45%), ACS-Dragados (2%) y Lubasa (2%), obtuvo en 2007 un beneficio de 3,1 millones de euros. Esa cifra supuso un aumento del 23%respecto al año anterior cuando la cantidad declarada ascendió a 2,5 millones. No siempre fue así. El hospital registró pérdidas en los cuatro primeros años de gestión que en 2002 llegaron a alcanzar los 2,6 millones. En 2003 se rescindió el contrato entre el Consell y la UTE y se realizó uno nuevo que incluía la atención primaria y especializada de toda el área de salud. Según fuentes del centro sanitario, las inversiones totales acumuladas superan los 114 millones de euros.

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EL PAIS 02-08-2009 Sanidad privada para el 20%

Sanidad privada para el 20%

En 2010, la atención pública de 945.000 valencianos dependerá de empresas. En diez años, el Consell ha consolidado el 'modelo Alzira'

JAIME PRATS - Valencia - 02/08/2009

En diciembre de 1998, la Administración valenciana, controlada por el PP desde hacía tres años, se planteó la construcción de un gran hospital ante la degradación y las graves carencias que planteaba el mayor centro de referencia de la sanidad pública, el hospital La Fe de Valencia. La primera opción fue remodelar las instalaciones, pero la idea se desechó porque, por el mismo precio, se consideró que levantar un nuevo edificio costaría cuatro años, frente a los 10 de los trabajos de reforma y actualización.

• Ribera Salud, el perejil de todas las salsas
• 945.000 pacientes con gestión privada

En todo este tiempo el hospital La Fe de Valencia aún no se ha construido

Casi 11 años después, el nuevo hospital La Fe de Malilla aún no ha entrado en funcionamiento, y no se espera que lo haga hasta mitad o finales del próximo año. Sin embargo, la misma Generalitat valenciana a la que se le ha atragantado la construcción de este gran centro hospitalario público, en todo este tiempo ha puesto en marcha cuatro hospitales de gestión privada. Y uno más, el quinto, entrará en funcionamiento el mismo año en el que la nueva Fe eche a andar. Para entonces, la salud de casi el 20% de los valencianos (945.000 de los cinco millones de valencianos) estará en manos de uniones de empresas lideradas por las principales cajas de ahorros valencianas (Bancaixa y la CAM) y aseguradoras sanitarias. De estas forma, en apenas una década, la Generalitat habrá consolidado la apuesta que inició el anterior presidente del Consell, Eduardo Zaplana, de abrir las puertas de la sanidad pública y dejar entrar en ella al sector privado para quedarse con parte del pastel a través de nuevas fórmulas de gestión.

El último ejemplo de ello es el hospital de Elche. El primero fue el centro de La Ribera, que abrió sus puertas en enero de 1999. La Generalitat se adelantó a la ley de nuevas fórmulas de gestión de la administración sanitaria y decidió otorgar a una unión de empresas integrada por tres cajas (Bancaixa, la CAM y la extinta Caixa Carlet), Adeslas y, minoritariamente, las empresas Lubasa y Dragados, la gestión del hospital mediante la fórmula de la concesión administrativa. Igual que las autopistas, por ejemplo, en que se cede a una empresa el cobro del peaje a cambio de que construya la infraestructura, la Generalitat otorgó a esta unión de empresas la construcción y explotación del hospital por 15 años prorrogables a cinco más a cambio del pago de una cantidad de euros por cada uno de los habitantes de la comarca y potenciales usuarios del centro (en torno a los 600 euros en 2009).

Esta iniciativa encontró un importante rechazo de partidos políticos de izquierda, sindicatos y entidades de defensa de la sanidad pública, que entendían que se abría una brecha en el derecho de todos los ciudadanos a recibir los mismos servicios en iguales condiciones de calidad. CC OO incluso llevó al Tribunal Supremo, sin éxito, su oposición al modelo al considerar que la concesión administrativa no era aplicable a la explotación de un servicio público como la sanidad.

En un primer momento, el experimento no le fue rentable a la empresa adjudicataria, motivo por el cual la Generalitat cambió las reglas del juego en 2002. En lugar de solo la atención hospitalaria, la adjudicataria también controlaría los centros de salud. Así, tendría la llave de acceso al hospital y podría controlar mejor el flujo de llegada de pacientes. Además, aumentó el pago por habitante.

Bajo esta modalidad más ventajosa (cesión de la atención sanitaria integral de un área de salud y sus habitantes) se han reproducido el resto de adjudicaciones: Torrevieja, Dénia, Manises y Elche. La tensión y la oposición de los primeros años se ha ido diluyendo hasta prácticamente desaparecer en las últimas inauguraciones de hospitales, que fueron Dénia (abril de 2009) y Manises (mayo de 2009). Las quejas que ha habido, más que relacionadas con el modelo, se debían a los problemas organizativos y de coordinación, habituales en la puesta en marcha de un nuevo centro hospitalario, como ha sido el caso de Dénia.

La intención de la Consejería de Sanidad -que sostiene que este modelo le resulta un 20% más económico- es profundizar en este sistema y rebasar el 20% de cobertura sanitaria pública cubierta por empresas privadas. El titular de Sanidad, Manuel Cervera, ha señalado en alguna ocasión su deseo de extender esta fórmula a otros centros y departamentos sanitarios, e incluso nuevas parcelas, como la sociosanitaria, por ejemplo.

El responsable de sanidad del PSPV, José Mayans, sostiene que la gestión privada ni mejora la atención sanitaria, ni beneficia a los profesionales, que trabajan "por un 15% menos del salario de la red pública", por lo que se oponen a ella. Además, los socialistas reclaman un mayor control de las concesiones por parte de la Administración

Lo que todos opinan es que en más de 10 años, se ha consolidado un modelo que será muy difícil de revertir.

Ribera Salud, el perejil de todas las salsas

Cuando el ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana decidió sacar adelante la gestión privada de la sanidad pública, echó mano de las cajas de ahorros valencianas en busca del músculo financiero necesario para construir y poner en marcha el hospital de Alzira.

Desde entonces, Bancaja y la CAM (integrantes al 50% de la firma Ribera Salud) han participado, con distintos socios y diferente peso accionarial, en todas las adjudicaciones de hospitales que ha sacado a concurso la Generalitat, convirtiéndose en el principal aliado del PP en consolidar el modelo Alzira.

La empresa dio un importante vuelco en 2007. El que hasta entonces estuvo al frente del hospital de la Ribera, Alberto de Rosa -una persona muy conectada con los círculos populares y hermano de Fernando de Rosa, actual vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial designado por el PP-, pasó a situarse al frente de Ribera Salud. A partir de ese momento la entidad controlada por las cajas abandonó definitivamente el papel de aliado financiero necesario, con el que se estrenó en Alzira, y se transformó en un activo agente del mercado de la gestión sanitaria.

Primero se consolidó en la Comunidad Valenciana, con pasos cada vez más firmes, como muestra el hecho de que no solo participa en la gestión de todos los departamentos de salud y hospitales sacados a concurso, sino que en el último (Elche) tiene un peso mayoritario en la sociedad, con el 60%. Otro ejemplo de ello es su participación en el millonario concurso de gestión del servicio de diagnóstico por resonancia magnética convocado por la Generalitat como integrante de la sociedad Erescanner Salud, que resultó adjudicataria.

Sin embargo, la consolidación definitiva de la estrategia de Ribera Salud ha sido el salto a la otra gran autonomía que ha apostado por la gestión privada sanitaria: Madrid. Primero con la gestión del laboratorio clínico central del hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, que atiende a seis centros públicos. Y a mitad del mes pasado, con la adjudicación del hospital de Torrejón de Ardoz.

945.000 pacientes con gestión privada

- Hospital de la Ribera. Inaugurado en enero de 1999, atiende a más de 250.000 personas. Gestionado por Adeslas (51% de la sociedad), Ribera Salud (45%), Lubasa y Dragados.

- Hospital de Torrevieja. Entró en servicio en octubre de 2006 y cubre a una población de 155.000 personas. Gestionado por Ribera Salud (45%), Asisa (35%), el hospital Clínica de Benidorm y el Grupo Ortiz.

- Hospital de Dénia. Abierto en abril de 2009, asiste a 140.000 habitantes. Lo gestionan DKV (65%) y Ribera Salud (35%).

- Hospital de Manises. Inaugurado en junio de 2009 con una cobertura de 150.000 personas. Gestionado por Sanitas (60%) y Ribera Salud (40%).

- Hospital de Elche. Previsto para 2010, atenderá a más de 250.000 personas. Lo gestionan Ribera Salud (60%) y Asisa (40%).

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EL PAIS 07-07-2009

REPORTAJE

La privada conquista la tarta sanitaria pública

PP y PSOE repiten modelo en todas las autonomías: externalizar servicios para sortear deuda y listas de espera - Fundaciones sin ánimo de lucro o sociedades anónimas se ocupan de la gestión

JOSEP GARRIGA 07/07/2009

La asistencia sanitaria de más de un millón de valencianos depende de una única empresa privada. La misma compañía -Ribera Salud- que realiza las pruebas analíticas de otro millón de madrileños. En Cataluña, Entidades de Base Asociativa (EBA), cuyos accionistas son los propios médicos, gestionan doce centros de atención primaria. En Andalucía, la Consejería de Salud derivó a 17 hospitales no públicos más de 60.000 intervenciones quirúrgicas sólo en 2007. En Baleares, el PSOE prometió modificar el modelo de gestión del nuevo hospital de referencia Son Dureta cuando accediera al Gobierno autónomo. Ahora, ha cambiado de parecer y mantendrá el mismo sistema público-privado que ha generalizado el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. En Canarias, el Gobierno autónomo mantiene conciertos con los hospitales de la red privada Hospiten. Y el resto de comunidades han firmado acuerdos con empresas privadas para derivarles pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas. Una fórmula que, en la mayoría de los casos, permite aligerar las abultadas e interminables listas de espera. ¿Suponen estas nuevas modalidades de prestación sanitaria una privatización encubierta del sistema público de salud mientras los usuarios no deban pagar ni un solo euro?

Algunas regiones limitan la gestión a entidades sin ánimo de lucro

Se intenta hacer más rentable la inversión con menos coste, según expertos

El PP introdujo los acuerdos con empresas, algunas ajenas a la sanidad

La OMS advirtió que la privatización acaba haciendo el sistema más costoso

Nadie se pone de acuerdo en la respuesta y aparecen, por doquier, voces discordantes, tanto a favor y en contra de las cada vez más imaginativas fórmulas de gestión no estatutarias -empresas privadas o entidades sin ánimo de lucro- frente a las eminentemente públicas -estatutarias- que prestan los servicios autonómicos de salud con su presupuesto, personal e infraestructuras.

"La sanidad se privatiza cuando estás obligado a pagar por el servicio que recibes, no en función de quien te lo presta", afirma Joan Farré, director general técnico del Consorcio Hospitalario de Cataluña, una entidad que asocia a fundaciones sin ánimo de lucro y entidades municipales que gestionan varias áreas sanitarias y nueve hospitales. "El debate sobre la provisión no es inocuo y privatizar es cualquier forma de ceder la gestión a otro que no sea la propia autoridad sanitaria", contradice Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras. "Sin duda hay una privatización creciente y cada vez más importante, porque se introducen mecanismos de gestión privada en centros de titularidad pública. Y aquí incluyo también a las fundaciones", abunda Marciano Sánchez, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, que acaba de emitir un informe muy crítico sobre la situación de este sector en España. El documento, por ejemplo, denuncia que, de todo el gasto sanitario anual de cada persona, el sector público cubría el 81% en 1980 cuando en 2007 se redujo al 70%. Es decir, el ciudadano paga de su bolsillo ya el 30%.

Los nuevos modelos de gestión hospitalaria surgieron en Cataluña a principios de los noventa, porque fue la primera comunidad en asumir sanidad. Mientras en el resto de España el antiguo Insalud tenía a su cargo el 80% de los centros hospitalarios, en Cataluña el porcentaje era del 35%, porque coexistían cerca de 60 centros propiedad de órdenes religiosas, ayuntamientos, consorcios, fundaciones y organismos con todas las formas jurídicas posibles. Y para integrar a estos hospitales en el sistema público se inventó el denominado "modelo catalán", que consiste en convertir a la Administración en "compradora" de servicios sanitarios a diversos "prestadores" de los mismos. Una fórmula que todas las regiones copiaron pero introduciendo múltiples variables conforme iban asumiendo las transferencias en materia sanitaria.

Mientras Cataluña y otras regiones -Andalucía, Baleares, Aragón- limitaron la gestión distinta de la pública a entidades sin ánimo de lucro, el PP empezó a explorar en Valencia y Madrid nuevas fórmulas de colaboración con sociedades anónimas, empresas privadas que, en muchos casos, eran ajenas a la sanidad. La más novedosa empezó en la Comunidad Valenciana en 1999 con el denominado Modelo Alzira y carece de precedentes en los países de la OCDE. El Gobierno del PP ha concedido a Ribera Salud (propiedad a partes iguales de Bancaixa y la CAM) la organización de cinco áreas sanitarias (Alzira, Torrevieja, Dénia, Manises y Elche), y atiende desde la asistencia primaria hasta la hospitalaria, junto a aseguradoras como Adeslas, Asisa y DKV. El Gobierno del PP paga 599 euros por cada usuario de esa zona, con una media de 200.000 habitantes cada una. En Cataluña, un consorcio recibe unos 545 euros per cápita.

Eloy Jiménez, director general de recursos económicos de la Consejería de Salud de la Comunidad Valenciana, despeja las dudas sobre esta fórmula. "La calidad asistencial se cumple, se da un plus de eficiencia en los recursos, las listas de espera no superan los 60 días, y tenemos un comisionado en cada hospital que vigila las altas, las autorizaciones y realiza una auditoría permanente de los servicios y el funcionamiento". Pero Ribera Salud es una empresa privada y le interesa obtener ganancias, se le interroga. "Hay un compromiso de inversiones que siempre se cumple y además los beneficios superiores al 7,5% de la tasa de rentabilidad interna revierten siempre en una mayor inversión", añade.

En Madrid el modelo es similar, pero se limita a la gestión hospitalaria. Hay dos variantes. El conocido como PPP (public-private-partnership) se ha utilizado en los centros de San Sebastián de los Reyes, Vallecas, Coslada, Aranjuez, Arganda, Parla y Majadahonda. Consiste en ceder a una sociedad anónima la construcción y gestión de los servicios auxiliares del hospital, mientras el personal clínico es funcionarial. La comunidad, en este caso, paga un canon anual, que el primer año ascendió a 103 millones de euros y los restantes a 95,4.

Por el contrario, en el hospital de Valdemoro la construcción y gestión de todos los servicios es privada. Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad, quiere extender esta fórmula a los de Collado-Villalba, Torrejón y Móstoles. En Valdemoro, el Gobierno regional paga 330 euros por usuario, aproximadamente unas 110.000 personas.

¿Por qué se utilizan estas fórmulas? Un alto directivo de una de las empresas participantes responde: "La Administración ya no puede endeudarse más en aplicación de las directivas europeas. Y de esta forma traslada el riesgo al sector privado y así no le computa como deuda".

Los defensores de esta fórmula -ceder la gestión a sociedades anónimas- esgrimen argumentos económicos y de calidad asistencial. Eloy Jiménez, por ejemplo, señala que el modelo Alzira es un 25% inferior al coste del conjunto de la sanidad pública de la Comunidad Valenciana.

Por su parte, Manuel Peiró, vicerector y director de programas de servicios integrados de Salud de ESADE, defiende el Modelo Alzira frente al de Madrid "porque en el primero se controlan todos los flujos de los enfermos y los incentivos van asociados a todas las áreas y niveles de la sanidad". Pero alerta de que la gestión privada se basa en maximizar la inversión y en minimizar costes. "Pueden darse problemas de criterios de calidad y, por tanto, hay que estar muy vigilantes para que cumplan los estándares".

David Elvira, director general de Recursos Sanitarios de la Generalitat de Cataluña, admite que las formas de gestión distintas a la pública son más flexibles y no están sometidas a la "rigidez" del funcionariado pero subraya que tiene sus temores respecto a conceder la gestión a empresas privadas y defiende el modelo catalán, que da preferencia a las entidades sin ánimo de lucro. "Los facultativos del Hospital Clínico de Barcelona [gestionado por un consorcio] decidieron rebajarse el 1% su masa salarial a cambio de realizar cursos de formación y especialización en Estados Unidos. Esto sería impensable en la pública", añade Manuel Peiró.

Los estudios publicados sobre la eficiencia de los centros sanitarios gestionados por empresas públicas o privadas son discordantes. La Organización Mundial de la Salud, en 2006, advirtió que dejar en manos del sector privado la sanidad pública acaba siendo más costoso, prohibitivamente complejo y, a veces, va en detrimento de la calidad. "La colaboración público-privada complica aún más la ya de por sí difícil tarea de construir y dirigir un hospital", se afirmaba en el documento. Y Marciano Sánchez, de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, pone como ejemplo los hospitales de Madrid. "En un mismo centro hay duplicidad de gestión. Es mucho más caro, surgen problemas de coordinación dentro del mismo hospital y se producen distorsiones".

En cambio, un informe de la prestigiosa consultora IASIST, que anualmente elabora la lista TOP 20 de los mejores hospitales españoles, sostiene que los centros con nuevas formas organizativas exhiben una mayor eficiencia "por los costes ajustados y la estancia media" de los pacientes en el hospital. En cambio, la calidad asistencial (mortalidad, complicaciones o readmisiones) entre los centros gestionados por la Administración y por fundaciones o consorcios "no se ve afectada por la implantación de uno u otro modelo" [ver cuadro adjunto]. La directora de IASIST agrega al respecto: "Los hospitales de gestión no estatutaria son más eficientes cuando empiezan, pero al cabo de los años los parámetros respecto a los estatutarios tienden a asimilarse". Y Peiró lo argumenta "por efecto de la misma contaminación del sistema".

Hasta Antonio Cabrera admite que la sanidad pública debería flexibilizar algunas modalidades de gestión siempre que fueran fruto del consenso político "porque ahora es muy rígida. Por ejemplo, suprimiendo la intervención previa, porque no se puede comprar nada sin la autorización de Hacienda, o hacer más profesionales los procesos de selección sin acudir a inventos nuevos". Pero siempre desde la gestión pública.

Su homólogo Antonio Gallego, del sindicato Médicos de Cataluña, mayoritario en el sector, sostiene otra versión: "Podemos explorar nuevas fórmulas de cogestión y que incluso los médicos participen en ella, pero lo que debe primar es la calidad sanitaria porque los médicos tenemos un deber deontológico que es atender al paciente con la máxima eficiencia y calidad posible. Dicho esto, no toleraré que un administrativo nos marque el tiempo que debo dedicar a un paciente".

¿Y los usuarios? Carmen Flores, de la Asociación del Defensor del Paciente señala que la Comunidad de Madrid es la "más condenada y denunciada por la privatización tan tremenda de su sistema sanitario" y señala que "son más denunciados los privados por su mala praxis". Sin embargo, carece de datos comparativos. Carmen Sabaté, directora de la Coordinadora de Usuarios de la Sanidad, admite que cuando se implantaron las primeras EBA en Cataluña puso el grito en el cielo "pero ahora reconozco que son más eficientes que algunos ambulatorios del Instituto Catalán de la Salud".

Público, de ocho a tres

El Hospital Clínico de Barcelona funciona como un centro público por la mañana y como uno privado por la tarde, gestionado por la empresa Barnaclínic. Utiliza las mismas instalaciones -salvo una planta de hospitalización- y dispone de los mismos médicos. Pese a las dudas éticas sobre este modelo, los gestores lo defienden porque supone fidelizar a los profesionales y un alivio para las arcas públicas. En 2008, Barnaclínic facturó 12 millones, de los cuales pagó 8 al Clínico por el alquiler de infraestructuras y equipos.

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REBELION.ORG 14-01-2009

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EL PAIS 02-01-2009

REPORTAJE

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/modelo/Alzira/expande/elpepiespval/20090102elpval_4/Tes

El 'modelo Alzira' se expande

La gestión privada de la sanidad pública se amplía a otros hospitales 10 años después

JAIME PRATS - Valencia - 02/01/2009

Vista del hospital de la Ribera, en Alzira. JESÚS CÍSCAR

Hace 10 años, el 1 de enero de 1999, el hospital de la Ribera abrió sus puertas e hizo historia. Fue el primer centro público de España gestionado por una empresa bajo concesión administrativa, la misma fórmula que se emplea, por ejemplo, para la explotación de las autopistas de peaje. Su concepción respondió a una curiosa paradoja: recurrir al sector privado para mejorar la eficiencia del sector público. Una década más tarde, sobre esta contradicción, el conocido como modelo Alzira no sólo se ha convertido en el estandarte de la política sanitaria del PP, sino que, tras consolidarse, no ha parado de crecer casi sin oposición.

Las empresas que gestionan el centro ganaron en 2007 3 millones de euros

Uno de cada seis pacientes estará bajo este modelo a final de año

La fórmula se ha extendido a Torrevieja (2006), Dénia (en apertura progresiva desde hace semanas) y, si se cumplen los planes, a Manises y Elche-Crevillente, este mismo año. Entonces, habrá 845.000 valencianos -uno de cada seis- cuya sanidad al completo -desde su médico de cabecera hasta su hospital de referencia- estará en manos de una empresa. Pero además, el modelo se ha exportado. En Madrid ya existe un hospital hermano del de Alzira, en Valdemoro, y otros cuatro en cartera: Carabanchel, Collado Villalba, Torrejón de Ardoz y Móstoles.

Atrás han quedado las intensas críticas por parte de asociaciones de defensa de la sanidad pública, partidos y sindicatos, y la polémica sobre la privatización de parcelas públicas que persiguió al hospital durante sus primeros años de vida. Muchos de los pacientes que acuden al centro, como Rosa y Miguel, que acaban de visitar a su nieta recién nacida, son tan ajenos a este debate que incluso ignoran que la gestión corra a cargo de un centro privado. "No teníamos ni idea", apuntan a unos metros de la puerta principal. Como ellos, según una encuesta del propio hospital, hasta el 80% de los pacientes desconoce el tipo de gestión. Y no es extraño. No hay ni una sola referencia o logotipo de la unión de empresas que gestiona el hospital y toda el área de salud de La Ribera. La única marca autorizada es la Consejería de Sanidad.

Otros vecinos, como Adam Lang, de Alzira, conocen la fórmula de gestión, y no les parece mal: "Si me tratan bien", reconoce, un argumento al que suele echar mano Sanidad cuando sostiene que a los pacientes "les da igual la gestión pública o privada, lo que les interesa es que les atiendan adecuadamente".

Pero también hay quien no sólo conoce la naturaleza del centro, sino que le echa las culpas de algunos de los problemas que han tenido. "Se nota porque te dan muy pronto el alta", apunta Virgilio García, de Cullera, a cuya mujer operaron por unos quistes en las mamas y "a los dos días ya estaba en casa, con el drenaje puesto".

Estas opiniones son las que alimentan la pregunta que ha perseguido siempre al modelo ¿es posible conciliar la mejor asistencia sanitaria con la obtención de beneficios económicos?

Para el gerente del centro, Manuel Marín, la cuestión está fuera de toda duda. "Buscamos la eficiencia en la gestión, pero por encima de todo, la calidad en el trato a los pacientes". Y añade: "Se puede dar un buen servicio, gestionar bien, ser eficientes y ahorrar". Marín remite a los resultados económicos -"llevamos sólo dos ejercicios con beneficios", apunta- para justificar que el principal objetivo no es el económico. Según la cuenta de resultados de 2007, se obtuvieron 3,1 millones de beneficios, el 1,8% de la facturación.

La principal fuente de financiación del hospital, participado por Adeslas (51%), Bancaixa y la CAM (45%), y Dragados y Lubasa (4%) es el canon que recibe de la Generalitat por prestar atención sanitaria a los vecinos de la comarca: 571 euros anuales por cada uno los 250.000 habitantes de La Ribera. Pero, además cobra de la Generalitat por cada paciente foráneo. De ahí las acusaciones de saturación del centro, la última a mediados de diciembre por parte del comité de empresa, por una política de atracción de clientes que la dirección niega.

Para analizar estas circunstancias y otras posibles distorsiones que puedan derivarse de estos nuevos modelos, la comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha encargado un informe. "Se trata de comparar las fórmulas de gestión que están aplicando las comunidades autónomas", apunta la diputada socialista Pilar Grande. Y así responder con argumentos al interrogante clave: saber si la decisión última hacia los pacientes "está basada en criterios económicos o de salud".

Nuevos candidatos en cartera

La apuesta de la Generalitat por el modelo Alzira es tan clara que ya hay planes para extender esta fórmula incluso a hospitales sociosanitarios como los previstos en Benidorm o Peñíscola, algo que no se contempló en un principio. Uno de los principales argumentos de la Consejería de Sanidad para defender esta fórmula es que el coste de la atención sanitaria (los 571 euros por paciente que abona al hospital de la Ribera) le resulta un 25% más barato que lo que paga de media por los pacientes de la red pública.

El balance de estos 10 años de gestión privada ha sido "excelente" como comentó Manuel Cervera, el responsable de la sanidad valenciana, en una comparecencia en la Asamblea de Madrid el 22 de diciembre para explicar el modelo. El compromiso del PP valenciano con esta fórmula es total. Hasta el punto de cambiar las condiciones iniciales del contrato para salvar el modelo. En 2003 se alargó el periodo de concesión de 10 a 15 años, se aumentó el pago por persona y se extendió la atención: no solo sería hospitalaria sino que se incluían los centros de salud -35 en la actualidad-.

Los socialistas no son partidarios de este modelo. Cuestión distinta es la posibilidad de revertir los centros y el personal al sistema público, algo que, como apunta el responsable de sanidad del PSPV, José Mayans, "sería complejo y caro" dado el escenario sanitario actual y la deuda existente. "Además, habría que saber el coste real del modelo, que no conocemos por falta de transparencia", indica.

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INFORMACION 02-01-2009

FISCALIZACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS

http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009010200_12_836713__Alicante-Consell-desoye-Sindic-persiste-sistema-privatizacion-hospitales

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