9 Julio 2009
REPORTAJE
La privada conquista la tarta sanitaria pública
PP y PSOE repiten modelo en todas las autonomías: externalizar servicios para sortear deuda y listas de espera - Fundaciones sin ánimo de lucro o sociedades anónimas se ocupan de la gestión
JOSEP GARRIGA 07/07/2009
La asistencia sanitaria de más de un millón de valencianos depende de una única empresa privada. La misma compañía -Ribera Salud- que realiza las pruebas analíticas de otro millón de madrileños. En Cataluña, Entidades de Base Asociativa (EBA), cuyos accionistas son los propios médicos, gestionan doce centros de atención primaria. En Andalucía, la Consejería de Salud derivó a 17 hospitales no públicos más de 60.000 intervenciones quirúrgicas sólo en 2007. En Baleares, el PSOE prometió modificar el modelo de gestión del nuevo hospital de referencia Son Dureta cuando accediera al Gobierno autónomo. Ahora, ha cambiado de parecer y mantendrá el mismo sistema público-privado que ha generalizado el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. En Canarias, el Gobierno autónomo mantiene conciertos con los hospitales de la red privada Hospiten. Y el resto de comunidades han firmado acuerdos con empresas privadas para derivarles pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas. Una fórmula que, en la mayoría de los casos, permite aligerar las abultadas e interminables listas de espera. ¿Suponen estas nuevas modalidades de prestación sanitaria una privatización encubierta del sistema público de salud mientras los usuarios no deban pagar ni un solo euro?
Algunas regiones limitan la gestión a entidades sin ánimo de lucro
Se intenta hacer más rentable la inversión con menos coste, según expertos
El PP introdujo los acuerdos con empresas, algunas ajenas a la sanidad
La OMS advirtió que la privatización acaba haciendo el sistema más costoso
Nadie se pone de acuerdo en la respuesta y aparecen, por doquier, voces discordantes, tanto a favor y en contra de las cada vez más imaginativas fórmulas de gestión no estatutarias -empresas privadas o entidades sin ánimo de lucro- frente a las eminentemente públicas -estatutarias- que prestan los servicios autonómicos de salud con su presupuesto, personal e infraestructuras.
"La sanidad se privatiza cuando estás obligado a pagar por el servicio que recibes, no en función de quien te lo presta", afirma Joan Farré, director general técnico del Consorcio Hospitalario de Cataluña, una entidad que asocia a fundaciones sin ánimo de lucro y entidades municipales que gestionan varias áreas sanitarias y nueve hospitales. "El debate sobre la provisión no es inocuo y privatizar es cualquier forma de ceder la gestión a otro que no sea la propia autoridad sanitaria", contradice Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras. "Sin duda hay una privatización creciente y cada vez más importante, porque se introducen mecanismos de gestión privada en centros de titularidad pública. Y aquí incluyo también a las fundaciones", abunda Marciano Sánchez, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, que acaba de emitir un informe muy crítico sobre la situación de este sector en España. El documento, por ejemplo, denuncia que, de todo el gasto sanitario anual de cada persona, el sector público cubría el 81% en 1980 cuando en 2007 se redujo al 70%. Es decir, el ciudadano paga de su bolsillo ya el 30%.
Los nuevos modelos de gestión hospitalaria surgieron en Cataluña a principios de los noventa, porque fue la primera comunidad en asumir sanidad. Mientras en el resto de España el antiguo Insalud tenía a su cargo el 80% de los centros hospitalarios, en Cataluña el porcentaje era del 35%, porque coexistían cerca de 60 centros propiedad de órdenes religiosas, ayuntamientos, consorcios, fundaciones y organismos con todas las formas jurídicas posibles. Y para integrar a estos hospitales en el sistema público se inventó el denominado "modelo catalán", que consiste en convertir a la Administración en "compradora" de servicios sanitarios a diversos "prestadores" de los mismos. Una fórmula que todas las regiones copiaron pero introduciendo múltiples variables conforme iban asumiendo las transferencias en materia sanitaria.
Mientras Cataluña y otras regiones -Andalucía, Baleares, Aragón- limitaron la gestión distinta de la pública a entidades sin ánimo de lucro, el PP empezó a explorar en Valencia y Madrid nuevas fórmulas de colaboración con sociedades anónimas, empresas privadas que, en muchos casos, eran ajenas a la sanidad. La más novedosa empezó en la Comunidad Valenciana en 1999 con el denominado Modelo Alzira y carece de precedentes en los países de la OCDE. El Gobierno del PP ha concedido a Ribera Salud (propiedad a partes iguales de Bancaixa y la CAM) la organización de cinco áreas sanitarias (Alzira, Torrevieja, Dénia, Manises y Elche), y atiende desde la asistencia primaria hasta la hospitalaria, junto a aseguradoras como Adeslas, Asisa y DKV. El Gobierno del PP paga 599 euros por cada usuario de esa zona, con una media de 200.000 habitantes cada una. En Cataluña, un consorcio recibe unos 545 euros per cápita.
Eloy Jiménez, director general de recursos económicos de la Consejería de Salud de la Comunidad Valenciana, despeja las dudas sobre esta fórmula. "La calidad asistencial se cumple, se da un plus de eficiencia en los recursos, las listas de espera no superan los 60 días, y tenemos un comisionado en cada hospital que vigila las altas, las autorizaciones y realiza una auditoría permanente de los servicios y el funcionamiento". Pero Ribera Salud es una empresa privada y le interesa obtener ganancias, se le interroga. "Hay un compromiso de inversiones que siempre se cumple y además los beneficios superiores al 7,5% de la tasa de rentabilidad interna revierten siempre en una mayor inversión", añade.
En Madrid el modelo es similar, pero se limita a la gestión hospitalaria. Hay dos variantes. El conocido como PPP (public-private-partnership) se ha utilizado en los centros de San Sebastián de los Reyes, Vallecas, Coslada, Aranjuez, Arganda, Parla y Majadahonda. Consiste en ceder a una sociedad anónima la construcción y gestión de los servicios auxiliares del hospital, mientras el personal clínico es funcionarial. La comunidad, en este caso, paga un canon anual, que el primer año ascendió a 103 millones de euros y los restantes a 95,4.
Por el contrario, en el hospital de Valdemoro la construcción y gestión de todos los servicios es privada. Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad, quiere extender esta fórmula a los de Collado-Villalba, Torrejón y Móstoles. En Valdemoro, el Gobierno regional paga 330 euros por usuario, aproximadamente unas 110.000 personas.
¿Por qué se utilizan estas fórmulas? Un alto directivo de una de las empresas participantes responde: "La Administración ya no puede endeudarse más en aplicación de las directivas europeas. Y de esta forma traslada el riesgo al sector privado y así no le computa como deuda".
Los defensores de esta fórmula -ceder la gestión a sociedades anónimas- esgrimen argumentos económicos y de calidad asistencial. Eloy Jiménez, por ejemplo, señala que el modelo Alzira es un 25% inferior al coste del conjunto de la sanidad pública de la Comunidad Valenciana.
Por su parte, Manuel Peiró, vicerector y director de programas de servicios integrados de Salud de ESADE, defiende el Modelo Alzira frente al de Madrid "porque en el primero se controlan todos los flujos de los enfermos y los incentivos van asociados a todas las áreas y niveles de la sanidad". Pero alerta de que la gestión privada se basa en maximizar la inversión y en minimizar costes. "Pueden darse problemas de criterios de calidad y, por tanto, hay que estar muy vigilantes para que cumplan los estándares".
David Elvira, director general de Recursos Sanitarios de la Generalitat de Cataluña, admite que las formas de gestión distintas a la pública son más flexibles y no están sometidas a la "rigidez" del funcionariado pero subraya que tiene sus temores respecto a conceder la gestión a empresas privadas y defiende el modelo catalán, que da preferencia a las entidades sin ánimo de lucro. "Los facultativos del Hospital Clínico de Barcelona [gestionado por un consorcio] decidieron rebajarse el 1% su masa salarial a cambio de realizar cursos de formación y especialización en Estados Unidos. Esto sería impensable en la pública", añade Manuel Peiró.
Los estudios publicados sobre la eficiencia de los centros sanitarios gestionados por empresas públicas o privadas son discordantes. La Organización Mundial de la Salud, en 2006, advirtió que dejar en manos del sector privado la sanidad pública acaba siendo más costoso, prohibitivamente complejo y, a veces, va en detrimento de la calidad. "La colaboración público-privada complica aún más la ya de por sí difícil tarea de construir y dirigir un hospital", se afirmaba en el documento. Y Marciano Sánchez, de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, pone como ejemplo los hospitales de Madrid. "En un mismo centro hay duplicidad de gestión. Es mucho más caro, surgen problemas de coordinación dentro del mismo hospital y se producen distorsiones".
En cambio, un informe de la prestigiosa consultora IASIST, que anualmente elabora la lista TOP 20 de los mejores hospitales españoles, sostiene que los centros con nuevas formas organizativas exhiben una mayor eficiencia "por los costes ajustados y la estancia media" de los pacientes en el hospital. En cambio, la calidad asistencial (mortalidad, complicaciones o readmisiones) entre los centros gestionados por la Administración y por fundaciones o consorcios "no se ve afectada por la implantación de uno u otro modelo" [ver cuadro adjunto]. La directora de IASIST agrega al respecto: "Los hospitales de gestión no estatutaria son más eficientes cuando empiezan, pero al cabo de los años los parámetros respecto a los estatutarios tienden a asimilarse". Y Peiró lo argumenta "por efecto de la misma contaminación del sistema".
Hasta Antonio Cabrera admite que la sanidad pública debería flexibilizar algunas modalidades de gestión siempre que fueran fruto del consenso político "porque ahora es muy rígida. Por ejemplo, suprimiendo la intervención previa, porque no se puede comprar nada sin la autorización de Hacienda, o hacer más profesionales los procesos de selección sin acudir a inventos nuevos". Pero siempre desde la gestión pública.
Su homólogo Antonio Gallego, del sindicato Médicos de Cataluña, mayoritario en el sector, sostiene otra versión: "Podemos explorar nuevas fórmulas de cogestión y que incluso los médicos participen en ella, pero lo que debe primar es la calidad sanitaria porque los médicos tenemos un deber deontológico que es atender al paciente con la máxima eficiencia y calidad posible. Dicho esto, no toleraré que un administrativo nos marque el tiempo que debo dedicar a un paciente".
¿Y los usuarios? Carmen Flores, de la Asociación del Defensor del Paciente señala que la Comunidad de Madrid es la "más condenada y denunciada por la privatización tan tremenda de su sistema sanitario" y señala que "son más denunciados los privados por su mala praxis". Sin embargo, carece de datos comparativos. Carmen Sabaté, directora de la Coordinadora de Usuarios de la Sanidad, admite que cuando se implantaron las primeras EBA en Cataluña puso el grito en el cielo "pero ahora reconozco que son más eficientes que algunos ambulatorios del Instituto Catalán de la Salud".
Público, de ocho a tres
El Hospital Clínico de Barcelona funciona como un centro público por la mañana y como uno privado por la tarde, gestionado por la empresa Barnaclínic. Utiliza las mismas instalaciones -salvo una planta de hospitalización- y dispone de los mismos médicos. Pese a las dudas éticas sobre este modelo, los gestores lo defienden porque supone fidelizar a los profesionales y un alivio para las arcas públicas. En 2008, Barnaclínic facturó 12 millones, de los cuales pagó 8 al Clínico por el alquiler de infraestructuras y equipos.
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13 Marzo 2009
SE CONSTITUYE LA PLATAFORMA DE DEFENSA Y MEJORA DE LA SANIDAD PÚBLICA VALENCIANA, CON LA PARTICIPACIÓN DEL FORUM PER A LA DEFENSA I MILLORA DE LA SANITAT PÚBLICA D'ALACANT Y SE CELEBRA UNA PRIMERA REUNIÓN PARA EXTENDER LA PLATAFORMA A LAS COMARCAS ALICANTINAS.
El pasado 14 de enero se constituyó en Valencia la Plataforma por la Defensa y Mejora de la Sanidad Pública Valenciana, con la participación del Fòrum per a la defensa i millora de la Sanitat Pública d'Alacant.
Se aprobó el decálogo de razones que han dado origen a la constitución de dicha plataforma y que de forma resumida son los siguientes:
1. La salud es un derecho fundamental y el estado debe garantizarlo, de forma solidaria a todas las personas.
2. Lo debe garantizar con un sistema público (también en la financiación y gestión), gratuito, equitativo y universal.
3. Debe disponer de los recursos suficientes para atender las necesidades sanitarias de la población.
4. Garantizará una asistencia de calidad.
5. Debe ser ágil y transparente y de gestión exclusivamente pública.
6. Asegurará una cobertura integral orientada hacia la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.
7. Tiene que ser un sistema abierto y participativo. Dicha participación tiene que ser real y no simbólica como con los actuales consejos de salud.
8. Debe ser ágil y eficaz para responder a las necesidades de los ciudadanos.
9. Debe separar el ejercicio profesional entre el sector privado y público con una eficaz ley de incompatibilidades.
10. Racionalización del gasto farmacéutico.
Para avanzar en estos objetivos es necesario derogar la Ley 15/97 que abrió la puerta a las empresas privadas en la gestión y en la prestación sanitaria y puso fin a la apuesta por la gestión pública defendida por la Ley General de Sanidad, apuesta que consideramos imprescindible recuperar.
Por esta razón desde la plataforma se acordó:
1. Iniciar una campaña de recogida de firmas pidiendo dicha derogación.
2. Dirigirse al conjunto de las organizaciones sociales, colectivos y ciudadanos en general para que se adhieran a esta plataforma.
Con estos objetivos el Foro para la Defensa y Mejora de la Sanidad Pública de Alicante convocó el pasado 18 de enero una reunión en Alicante que contó con la participación y/o apoyo de representantes de diversos colectivos y plataformas de Alicante, Aspe, Denia y Elche y en la que se tomaron los siguientes acuerdos:
1. Acuerdo unánime para adherirse a la plataforma del País Valencià y constituir plataformas de defensa de la sanidad pública en las distintas comarcas alicantinas y establecer una coordinación entre todas ellas para darle un carácter unitario a las distintas denuncias y luchas parciales que existen en estos momentos (Hospital de Denia, Plataforma de la Vega Baja, Plataforma de Aspe, Elche, Elda, Benalua, plataforma de salud mental, etc..), en la perspectiva de incrementar las movilizaciones ciudadanas.
2. Impulsar protestas ciudadanas ante las inauguraciones de nuevos hospitales privados.
3. Denunciar el abandono intencionado de la sanidad pública por parte del Gobierno Valenciano, que provoca su creciente deterioro y facilita las posteriores privatizaciones sin producir importantes rechazos sociales.
4. Manifestar que la privatización es un negocio que abre la puerta al benéfico empresarial a costa de la salud de los sectores más débiles de la sociedad. Se privatiza lo rentable, los enfermos crónicos no interesan a las empresas privadas. Los demás pacientes son los nuevos clientes del mercado de la sanidad, clientes garantizados por ser del área privatizada y por la competencia que prioriza el "robo" de "clientes rentables" de otras áreas que aportan ingresos extras.
5. La primera adjudicación en Alzira en 1999 fue de 204 € por paciente, mientras para del nuevo Hospital de Elche el canon de explotación será de 494 euros al año por paciente, un montante que abonará la Generalitat Valenciana, para un periodo de 15 años prorrogable a 20. El departamento de salud Elche-Crevillent es el quinto que adjudica el Gobierno valenciano a una empresa privada. A este grupo pertenecen el Hospital de Alcira -gestionado por Adeslas-, el de Torrevieja, el de Denia -DKV- y Manises -Sanitas-.Un autentico despilfarro de dinero público para júbilo de las concesionarias que se añade a los 500 millones de € de la privatización de las resonancias para los próximos 10 años.
6. Acordamos hacer públicas las conclusiones de dicha reunión.
Alicante 22 de enero del 2009
FÒRUM PER A LA DEFENSA I MILLORA DE LA SANITAT PÚBLICA D'ALACANT
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13 Marzo 2009
En la reunión de la Plataforma en fecha 21-01-09 se informó de la nuevas deficiencias contrastadas con la Junta de Personal del Hospital Vega Baja que sumamos a las reivindicaciones que ya en fecha 3 de diciembre de 2008 hacíamos al Consejo de Salud y que fueron las siguientes:
1 - Los quirófanos deben mantenerse abiertos mañana y tarde durante el año 2009. No vamos a permitir que se desvíen pacientes a otros hospitales mientras nuestros quirófanos no estén saturados. Por ello no estamos de acuerdo con el "Plan de choque" ya que son programas distintos. Si el problema no es de dinero, como dice D. Antonio Muñoz en su reciente entrevista al diario La Verdad día 16 de noviembre, no entendemos que se nos mande a otro hospital, algo que sólo se explica bajo la perspectiva de favores económicos a la empresa privada. Tampoco permitimos que las manipule dejando para la tarde las intervenciones de la mañana, de esta forma siempre hay lista para el plan de choque.
2 - Denunciamos, desde esta Plataforma, la manipulación que existe con las listas de espera, puesto que las cierran sin explicaciones y por tanto, al estar las agendas cerradas, nos impide tener una constancia clara y real de las necesidades existentes. Si no hay listas, no hay pacientes que esperen.
3 - Exigimos a la dirección que ponga en conocimiento de la Consellería la necesidad de cubrir, en propiedad, las plazas de especialidades médicas de este hospital a través de concurso-oposición, con la finalidad de dar estabilidad a los médicos y acabar con esta precariedad en que nos encontramos. Las 177 plazas de médicos que se han de cubrir, en la Cdad. deben repartirse en razón de las necesidades existentes y nuestro hospital, lamentablemente, se encuentra en situación precaria.
4 - Demandamos la resonancia magnética, hoy en manos de una empresa privada. La privatización ha encarecido el coste en contra de los argumentos de la dirección y además no se ha contado con los agentes sociales para llegar a la adjudicación. No aceptamos bajo ningún concepto el que sea una empresa privada la que decida la ubicación de este servicio ¡Basta ya de abusos!
5 - A título informativo diremos que el número de exploraciones, con resonancia magnética, se disparó superando en más del doble las recomendadas por la Sociedad de Radiología.
6 - Demandamos el servicio oncológico en nuestro hospital. Nos corresponde por número de pacientes y población. El desplazamiento para el tratamiento de quimioterapia lo están sufriendo, día a día, los enfermos de cáncer que recorren toda la comarca en condiciones penosas de salud.
7 - Todas estas reivindicaciones están avaladas por más de 25.674 firmas de nuestra comarca y que son parte de un total por determinar, por lo que haremos un seguimiento serio de las mismas. Estas reivindicaciones, junto a las firmas que las avalan, a fecha de hoy, son enviadas al Presidente de la Generalitat, D. Francisco Camps.
Por último, queremos manifestar nuestra indignación por el hecho de llenar titulares de prensa con unidades que ya están creadas como son: La del Sueño y la de Endoscopia. Esto no lleva más que a confundir a la ciudadanía, pues somos conscientes de que apenas se ha avanzado. También hay Unidades que al no completarlas bien con recursos humanos o bien con equipamiento están en mínimos de actividad.¿ Cual es su objetivo? ¿ hacerles desaparecer?
Dado que no se ponen soluciones, esta Plataforma le hace llegar al Sr. Conseller de Sanidad el siguiente escrito y que a la vez ponemos en conociendo de todos:
Sr. D. Manuel Cervera
Conseller de Sanidad- Generalidad Valenciana
La Plataforma Vega Baja Salud al conocer la noticia de la llegada del Conseller a la inauguración provisional de los "barracones de salud" y no habiendo sido invitada, tal como en su día manifestó el director del hospital, manifestamos nuestra perplejidad ante una inauguración innecesaria y superflua que, bajo nuestro punto de vista, pretende distraer de los serios problemas de índole sanitario que padecemos. Los gastos que genera esta puesta en escena estarían mejor invertidos en otras causas más necesarias.
Nos parece penoso que miren para otro lado cuando saben que son responsables de lo que está ocurriendo. Tratan de aparentar que los hospitales de gestión privada funcionan mejor, cuando sabemos que son intereses particulares y enchufismos lo que se mueve detrás. Con la mano en el corazón- si ustedes tienen- saben que es así. Algún día tendrán que dar cuenta de su gestión.
El día 12 de enero de 2009 nos reunimos con la Junta de Personal del hospital comarcal, con la finalidad de conocer desde dentro el funcionamiento del centro hospitalario, y si se había avanzado en las reivindicaciones de la Plataforma y ésta es la información que obtuvimos:
Primer punto. El presidente informó de la reunión que mantuvieron con el Director el día anterior, sobre las reivindicaciones del servicio de Radiología, enviadas a esta Plataforma días antes.
El director del hospital dijo sentirse molesto por haberlas hecho públicas. Las echó por tierra, acusando a los trabajadores de mentirosos.
El segundo punto tratado fue las autocontrataciones: no hay presupuesto para autoconciertos, esto supone que no se podrá operar por las tardes.
Los pacientes son desplazados a otros hospitales para intervenciones y revisiones de todo tipo, ejemplo lamentable, lo que está ocurriendo con los Cardiólogos. Se nos contestó que efectivamente, nuestros Cardiólogos, teniendo equipo material y tiempo disponible, están atendiendo ¡por las tardes!, haciendo ecocardiografias, a los pacientes del área 21 en el hospital de Torrevieja. ¡Increible!. Nuestros pacientes y nuestros cardiólogos en un hospital de gestión privada. ¿Qué es esto? ¿Por qué el Hospital de Torrevieja mantiene abierto por las tardes? ¿Tienen autoconcierto todo el año? ¿por qué nosotros nó?
La portavoz de la Plataforma les preguntó cuanto valía el Plan de Choque, los sindicatos no lo saben, esas cifras no se hacen públicas, además este es ilimitado.
El tercer punto tratado fue la desaparición de los servicios, la respuesta fue que más que servicios desaparecidos totalmente, es preocupante el deterioro progresivo de los mismos, vacían de funciones para que no haga falta el órgano . El equipo de Urgencias se ha deteriorado por la presión asistencial, a los residentes no se les trata bien, se les aburre a guardias y se van.
La consulta de anestesia es escasa, ha desaparecido La Unidad del Dolor. Se debe fidelizar al personal médico con incentivos, con complementos, más medios...
Sería conveniente aumentar número de digestólogos, los ginecólogos están en receso, recientemente se han marchado 9.
Cuarto punto. La Oferta Pública de facultativos no se ha concretado. Sí se ha hecho pública la convocatoria en Murcia, los de este hospital se van a presentar en la Comunidad vecina. Por tanto no hay voluntad en que se consoliden las plazas.
La conclusión que sacamos fue lamentable: el hospital va a peor, se va deteriorando la asistencia, a favor de la UTE (Unidad Temporal de Empresas) de Torrevieja.
Este deterioro, abandono, desmantelamiento progresivo, o como lo queramos llamar no vamos a consentirlo. Tenemos derecho a un hospital con todos los servicios y vamos a luchar para conseguirlo. Así pues, en fecha 15 de marzo nos manifestaremos, saldremos a la calle POR NUESTRO HOSPITAL.
Es por ello que, esta Plataforma pide a todos la participación y colaboración en esta manifestación. ENTRE TODOS PODEMOS CONSEGUIRLO.
Orihuela 3 de Febrero de 2009.
Nota: Pueden ponerse en contacto con la Plataforma a través de vegabajasalud@gmail.com
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11 Marzo 2009
EL FORO DE DEFENSA Y MEJORA DE LA SANIDAD PÚBLICA DE ALICANTE DENUNCIA EL DETERIORO QUE ESTÁ SUFRIENDO EL HOSPITAL PÚBLICO VEGA BAJA Y QUE DE ACUERDO CON LAS DENUNCIAS DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA DEL HOSPITAL SE RESUME EN QUE:
- 1. Se desvían intervenciones de pacientes a otros hospitales, mientras sus quirófanos están disponibles. (para favorecer claramente el hospital privado de Torrevieja)
- 2. No hay listas de espera para evitar la transparencia y facilitar la manipulación. (pacientes pertenecientes al hospital son trasladados a Torrevieja para ser atendidos por la tarde por los mismos especialistas que trabajan en el hospital por la mañana: ¡Increíble!)
- 3. No se cubren las plazas de los especialistas médicos, prolongando la precariedad y provocando la huida de numeros@s especialistas.
- 4. No exista servicio de resonancia magnética, por la privatización general que se ha producido en todas las áreas de salud y que ha disparado el número de resonancias fuera de las recomendaciones de la Sociedad de Radiología
- 5. No hay servicio oncológico (a pesar de corresponderle por la población) lo que provoca desplazamientos y grandes incomodidades para los enfermos afectados.
La plataforma de defensa del hospital ha recogido cerca de 26.000 firmas en apoyo de sus reivindicaciones y en contra de esta situación y tras las gestiones infructuosas ante el Conseller de Sanidad HA CONVOCADO UNA MANIFESTACIÓN DE PROTESTA para el próximo domingo 15 de marzo a las 11,30 en la C/ Mayor de san Bartolomé, pedanía de Orihuela en la que está ubicado el Hospital.
ESTE EJEMPLO ES UNA CLARA DEMOSTRACIÓN DEL ABANDONO EN EL QUE EL GOBIERNO DE LA GENERALITAT MANTIENE A LA SANIDAD PÚBLICA A LA VEZ QUE FOMENTA LA PRIVATIZACIÓN Y EL LUCRO PONIENDO EN MANOS DE EMPRESAS PRIVADAS LA CONSTRUCCIÓN Y GESTION DE LOS NUEVOS HOSPITALES COMO EL DE TORREVIEJA O DENÍA Y PROXIMAMENTE EL SEGUNDO HOSPITAL DE ELCHE.
OTRO EJEMPLO CONTUNDENTE LO REPRESENTA LA PRIVATIZACION DE LAS RESONANCIAS, CON UN COSTE FINAL DE 265 MILLONES DE € EN ESTOS ÚLTIMOS 8 AÑOS. SE LICITÓ EN 167 PERO EL COSTE FINAL SE INCREMENTÓ EN 100 MILLONES. SOBRECOSTE QUE HUBIERA PERMITIDO CONSTRUIR DECENAS DE CENTROS DE SALUD Y DOTAR A TODOS LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE MODERNOS EQUIPOS DE RESONANCIA, COMO RECLAMAN EN LA VEGA BAJA.
SATISFECHOS CON LA EXPERIENCIA DESDE EL GOBIERNO VALENCIANO SE HA CONCEDIDO UNA NUEVA ADJUDICACIÓN POR 500 MILLONES DE € HASTA 2018 A LAS MISMAS EMPRESAS.
EXPRESAMOS NUESTRO MÁS ROTUNDO RECHAZO A ESTAS POLITICAS HACEMOS UN LLAMAMIENTO A TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COLECTIVOS, PROFESIONALES, PACIENTES Y CIUDADANOS EN GENERAL A SUMARSE A LA MANIFESTACIÓN EN APOYO DE LAS JUSTAS REIVINDICACIONES DE LA PLATAFORMA VEGA BAJA SALUD DEL PRÓXIMO DOMINGO EN SAN BARTOLOMÉ Y PEDIMOS UNA VEZ MÁS, AL MINISTRO DE SANIDAD QUE PROMUEVA LA DEROGACIÓN DE LA LEY 15/97 QUE PERMITE ESTE ESCANDALOSO DETERIORO DE LOS SERVICOS SANITARIOS PÚBLICOS, LO QUE FACILITA LA CONSIGUIENTE PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD, MUY ESPECIALMENTE IMPULSADA POR LOS GOBIERNOS VALENCIANO Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID. POLITICAS A LAS QUE AFORTUNADAMENTE, SE OPONEN CADA VEZ MÁS CIUDADANOS Y PROFESIONALES.
Alicante a 10 de marzo del 2009.
FÒRUM PER A LA DEFENSA I MILLORA DE LA SANITAT PÚBLICA D'ALACANT http://www.espacioblog.com/fdsp
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14 Enero 2009
POR UNA SANIDAD DE CALIDAD, SOLIDARIA Y PÚBLICA
Un año más la Federación de Asociaciones en Defensa de Sanidad Pública sitúa nuestra sanidad pública como la peor del estado por «políticas privatizadoras muy agresivas» www.fadsp.org/pdf/CCAA08.doc
El País Valencià y la Comunidad de Madrid privatizan la sanidad más que nadie: se empezó por Alzira, siguió Denia, Torrevieja y espera el segundo Hospital de Elche. Este modelo también se extiende a los estudios de medicina y la formación de especialistas.
Se afirma que la gestión pública no funciona y es ruinosa, que es más eficaz y más barata la gestión privada. Es una gran mentira, nunca se cumplen las previsiones iniciales de la gestión privada, se producen sobrecostes y se disparan los siguientes contratos a costa de reducir las inversiones previstas en los servicios públicos, con el consiguiente deterioro de los mismos.
NO A LAS PRIVATIZACIONES
El Foro para la Defensa y Mejora de la Sanidad Pública de Alicante denuncia la política de privatizaciones de la Consellería de Sanidad cuyo objetivo es convertir la sanidad en un negocio para unos pocos.
Un ejemplo contundente es la privatización de las resonancias hace 8 años, pese a las críticas y recomendaciones de los radiólogos, ya que el coste de las resonancias privadas casi duplica las de un hospital público. Sin embargo la Consellería de Sanidad ha vuelto a adjudicar a las mismas empresas este servicio por 500 millones de € hasta el año 2018. La adjudicación anterior, de 8 años, se licitó en 167 millones de € pero su coste final se incrementó en 100 millones (sobrecoste equivalente a 80 equipos). Se beneficiaron empresas vinculadas a amigos de Zaplana y a un ex-diputado del PP.
¿MÁS CALIDAD EN LA ATENCIÓN?
La Consellería de Sanidad oculta la información y las empresas privadas la consideran de carácter reservado, pero los profesionales que allí trabajan denuncian: cambios de lugar de trabajo, déficit de personal, incumplimiento de jornadas, etc..
En Madrid, Carmen Flores, presidenta de la Asociación el Defensor del Paciente afirma que “los nuevos hospitales de gestión privada son los que más denuncias por negligencia están sufriendo”. Faltan profesionales adecuados para la masificación de pacientes y disminuye la media de camas por mil habitantes.
POR LA DEROGACIÓN DE LA LEY 15/97
El respaldo legal a la privatización sanitaria es la Ley 15/97 (Nuevas Formas de Gestión), propuesta por el PP ante el Congreso de los Diputados en 1997, gobernando en minoría, contó con los votos de PSOE, PNV, CC y CiU, y se opusieron IU y BNG. Con esta ley se abrió la puerta a las empresas privadas en la gestión y en la prestación sanitaria, y se puso fin a la apuesta por la gestión pública defendida por la Ley General de Sanidad.
CRECEN LAS MOVILIZACIONES
Crecen las voces y movilizaciones por derogar esa Ley y así frenar la privatización de la sanidad. En el País Valencià se han dado los primeros constituir una plataforma de defensa de la sanidad pública. En Alicante ha habido importantes movilizaciones en defensa del Hospital de Denia, Elda, paros de la plataforma 10 minutos, recogida de miles de firmas en la Vega Baja en defensa de su Hospital, o la reciente manifestación de la asociación de vecinos de Benalua. Crece la oposición ciudadana a la gestión privada del nuevo Hospital de Elche y su área, como en Aspe. También otros colectivos como los profesionales del SAMU y los radiólogos rechazan la creciente privatización de sus servicios,
¡ORGANICEMONOS YA!
Llamamos a todas las organizaciones sociales, colectivos, sindicatos, profesionales, pacientes y ciudadanos en general a constituir una amplia plataforma de defensa de la sanidad pública en Alicante.
Y te convocamos a una primera reunión que tendrá lugar el lunes 19 de enero a las 19h en el Centro Social Comunitario 4 "Gastón Castelló" C/ Pino Santo, 1-A de Virgen del Remedio en Alicante
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PER UNA SANITAT DE QUALITAT, SOLIDÀRIA I PÚBLICA
Un any més la Federación de Asociaciones en Defensa de Sanidad Pública situa la nostra sanitat pública com la pitjor de l'estat per «polítiques privatizadoras molt agressives».www.fadsp.org/pdf/CCAA08.doc
El País Valencià i la Comunitat de Madrid privatitzen la sanitat més que ningú, aquí es va començar per Alzira, va seguir Dènia, Torrevella i espera el segon Hospital d'Elx. Aquest model també s'estén als estudis de medicina i la formació d'especialistes.
S'afirma que la gestió pública no funciona i és ruïnosa, que és més eficaç i més barata la gestió privada. És una gran mentida: mai es compleixen les previsions inicials de la gestió privada, es produïxen sobrecostos considerables i es disparen els següents contractes a costa de reduir les inversions previstes en els serveis públics, amb el deteriorament consegüent del mateix.
NO A LES PRIVATITZACIONS
El Fòrum per a la Defensa i Millora de la Sanitat Pública d'Alacant denuncia la política de privatitzacions de la Conselleria de Sanitat l'objectiu de la qual és: convertir la sanitat en un negoci per a uns pocs. Un exemple contundent és la privatització de les ressonàncies. Va Començar fa 8 anys a pesar de les crítiques i recomanacions, ignorades per Conselleria, dels radiòlegs. Argumenten que el cost de les ressonàncies privades quasi duplica les d'un hospital públic. La Conselleria de Sanitat ha tornat a adjudicar a les mateixes empreses aquest servei per 500 milions d’€ fins a l'any 2018. L'adjudicació anterior, de 8 anys, es licità en 167 milions d’€ però el seu cost final es va incrementar en 100 milions (sobrecost equivalent a 80 equips), es van beneficiar empreses vinculades a amics de Zaplana i a un exdiputat del PP.
MÉS QUALITAT EN L'ATENCIÓ?
La Conselleria de Sanitat oculta la informació i les empreses privades la consideren de caràcter reservat, però els professionals que allí treballen denuncien: canvis de lloc de treball, dèficit de personal, incompliment de jornades, etc. En Madrid, Carmen Flores, presidenta de l'Associación el Defensor del Paciente afirma que “els nous hospitals de gestió privada són els que més denúncies per negligència estan sofrint”. Falten professionals adequats per a la massificació de pacients i disminuïx la mitjana de llits per mil habitants.
PER LA DEROGACIÓ DE LA LLEI 15/97
El suport legal a la privatització sanitària és la Llei 15/97 (Noves Formes de Gestió) Proposta pel PP davant el Congrés dels Diputats en 1997, quan governava en minoria, va contar amb els vots de PSOE, PNB, CC i CIU, es van oposar IU i BNG. D'aquesta forma es va obrir la porta a les empreses privades en la gestió i en la prestació sanitària i es va posar fi a l'aposta per la gestió pública defensada per la Ley General de Sanidad.
CREIXEN LES MOBILITZACIONS
Creixen les veus i les mobilitzacions per a derogar aquesta llei. Al País Valencià s’han donat els primers passos per a constituir una plataforma de defensa de la sanitat pública. A Alacant hi ha hagut importants mobilitzacions en defensa de l'Hospital de Dènia, Elda, els aturs de la plataforma 10 minuts, la recollida de milers de signatures en la Vega Baixa en defensa del seu Hospital, o la recent manifestació de l'associació de veïns de Benalua. Creix l'oposició ciutadana a la gestió privada del nou Hospital d'Elx i la seua àrea, com a Asp. També altres col·lectius com els professionals del SAMU i els radiòlegs rebutgen la creixent privatització dels seus serveis.
ORGANITZEM-NOS JA!
Fem una crida a totes les organitzacions socials, col·lectius, sindicats, professionals, pacients i ciutadans en general a constituir una àmplia plataforma de defensa de la sanitat pública a Alacant. I et convoquem a una primera reunió que tindrà lloc el dilluns 19 de gener a les 19h en el Centre Social Comunitari 4 "Gastón Castelló" C/ Pino Santo, 1-A de Verge del Remei a Alacant
FÒRUM PER A LA DEFENSA I MILLORA DE LA SANITAT PÚBLICA D’ALACANT (http://www.espacioblog.com/fdsp)
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14 Enero 2009
Entrevista a Sally Ruane, doctora en economía de la Universidad de Montfort (Reino Unido), crítica con el modelo sanitario de Esperanza Aguirre
"La calidad asistencial baja con la privatización"
Público
"Desearía que los españoles, y en concreto los madrileños, abrieran los ojos. Para los ingleses ya es demasiado tarde. El Gobierno laborista de Gordon Brown ya no admite modelos de gestión alternativos". La doctora Sally Ruane, de la Universidad de Montfort (Leicester, Inglaterra), estudia desde 1996 el impacto del modelo de gestión PFI (Iniciativa Privada de Financiación, por sus siglas en inglés) en la sociedad y la economía inglesas.
Sus conclusiones sobre este modelo el mismo que el gobierno de Esperanza Aguirre (PP) ha impulsado en la Comunidad de Madrid en el ámbito sanitario son de todo menos alentadoras.
Según explica, el modelo PFI (donde una empresa privada construye el edificio y contrata al personal no sanitario) está dejando a las arcas públicas inglesas deudas millonarias. La doctora Ruane visitó Madrid hace unos días, invitada por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), para informar de los efectos nocivos de la privatización de la sanidad madrileña. Con un castellano con marcado acento inglés, Ruane fue muy crítica con el modelo privatizador que su país instauró hace una década. A pesar de ello, se mostró confiada en que la sociedad madrileña sea capaz de hacer oír su rechazo, para obligar al gobierno de Aguirre a recular en su empeño.
¿Qué le ha traído a Madrid?
Estoy para informar a la gente de lo que ha pasado en Inglaterra. Tenemos el modelo privatizador PFI desde hace diez ó 15 años y hemos acumulado una deuda pública muy elevada. En Inglaterra ya tenemos ahora 80 proyectos PFI en el sector sanitario y hay 40 más en preparación. Eso quiere decir que en 2014 tendremos una deuda de 114.000 millones de euros, que tendremos que pagar durante los próximos 30 ó 40 años.
¿Por qué es tan malo el modelo de financiación privada?
Es un modelo muy caro, porque hay más costes que réditos. A los costes habituales derivados del funcionamiento de un hospital hay que sumar los altos costes de la burocracia y de las infraestructuras. Además, al ser gestionado en parte por una empresa privada, tiene que generar suficientes beneficios y dividendos para los accionistas. Lo peor es que estos costes tienen que ser sustraídos de los ingresos operativos, lo cual supone un impacto directo sobre la atención sanitaria, sobre los servicios que se dan al ciudadano.
Al ser un modelo privado, ¿se adapta mejor a las necesidades del mercado?
Al contrario. En el sector público, y en concreto en la sanidad, es muy importante mantener la flexibilidad. En el ámbito sanitario, la situación cambia con, por ejemplo, la prevalencia de las enfermedades. Pero los contratos PFI son a largo plazo y bastante estáticos. Esto puede distorsionar las prioridades reales de planificación del sistema sanitario.
¿En qué se diferencian el modelo PFI inglés y el madrileño?
Más o menos son iguales. Hay un pago por los servicios de limpieza y también un recargo por el uso del inmueble, de ahí deriva la deuda. Con otro modelo de financiación, no se hubiera buscado el beneficio y todo el dinero se hubiera destinado a la atención sanitaria.
¿Qué problemas concretos derivados del PFI acarrea la sanidad inglesa?
Según un estudio de una comisión encargada por el gobierno británico, en 2006 hubo una significativa correlación entre el déficit en un hospital y el hecho de que fuera proyecto de PFI. En 2006, el 30% de todos los hospitales ingleses tenían pérdidas. El porcentaje aumentaba hasta el 50% si se tenían en cuenta los que estaban gestionados por empresas. Estos hospitales tuvieron que recortar su personal y quitar camas.
¿Cuándo arrancó esta situación en Inglaterra?
El primer hospital PFI abrió hace unos diez años. El modelo fue introducido antes, pero la negociación de un PFI dura años, porque es un contrato muy complejo. Negociar también es caro, ya que hay que contratar a asesores financieros... En la ciudad donde vivo, las negociaciones han costado 23 millones de libras [unos 28 millones de euros]. Los gastos para negociar los primeros hospitales PFI representaron el 4% del valor total del edificio.
¿Hubo oposición allí? ¿Cómo fue el proceso?
Los sindicatos se opusieron a la introducción de este modelo de gestión, pionero en el mundo. Y fueron capaces de prever lo que iba a pasar. Los hospitales salen muy caros, las condiciones de trabajo han empeorado horriblemente, se han reducido los puestos de trabajo, hay menos servicios para la población... Con la privatización, baja la calidad asistencial. Por otra parte, una investigación de la Universidad de Manchester basada en los 12 primeros hospitales PFI que se construyeron, ha revelado que el interés que se paga al dejar la construcción y gestión del hospital en manos privadas es del 8%, cuando en un modelo tradicional hubiera sido la mitad. Se ha calculado que la construcción de cada hospital por la vía PFI cuesta tres veces lo que cuesta un modelo público. Además, como el contrato se hace a 30 ó 40 años, es imposible predecir lo que va a pasar. Con diez de los 12 primeros hospitales, los contratos no fueron suficientemente específicos y ahora hay más gasto del esperado. Cuando el hospital necesita cambiar algo, el consorcio privado pide al Gobierno que se le pague más, y mucho de esto no estaba previsto.
¿Se sabe cómo el modelo, más allá del endeudamiento público que supone, ha repercutido en la salud del ciudadano?
Se están reconfigurando los otros servicios sanitarios para pagar el sobrecoste de los hospitales, lo cual no está justificado. Por ejemplo, como se quitan camas, tenemos la orden de reducir el número de ingresos en los hospitales. Ahora mismo no hay conclusiones sobre el impacto de este modelo de gestión sobre la salud del ciudadano, pero a largo plazo se demostrará un efecto negativo.
¿No hay vuelta atrás en Inglaterra?
Creo que es importante destacar que el PFI es una política de Gordon Brown. El Gobierno no da opción a construir hospitales por la vía tradicional, es decir, construyendo el hospital y gestionando todos los servicios desde la Administración. Este modelo está implantado, sobre todo, en Inglaterra. Pero en Escocia lo han paralizado e intentan fomentar un fondo alternativo para los desarrollos hospitalarios. Por otra parte, Gales e Irlanda del Norte intentan gestionar sus hospitales de una forma alejada al sistema de mercado. Creo que es posible encontrar una alternativa al PFI. Pero en Inglaterra es difícil cambiar, porque ya tenemos demasiados de estos proyectos en marcha.
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2 Enero 2009
REPORTAJE
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/modelo/Alzira/expande/elpepiespval/20090102elpval_4/Tes
El 'modelo Alzira' se expande
La gestión privada de la sanidad pública se amplía a otros hospitales 10 años después
JAIME PRATS - Valencia - 02/01/2009
Vista del hospital de la Ribera, en Alzira. JESÚS CÍSCAR
Hace 10 años, el 1 de enero de 1999, el hospital de la Ribera abrió sus puertas e hizo historia. Fue el primer centro público de España gestionado por una empresa bajo concesión administrativa, la misma fórmula que se emplea, por ejemplo, para la explotación de las autopistas de peaje. Su concepción respondió a una curiosa paradoja: recurrir al sector privado para mejorar la eficiencia del sector público. Una década más tarde, sobre esta contradicción, el conocido como modelo Alzira no sólo se ha convertido en el estandarte de la política sanitaria del PP, sino que, tras consolidarse, no ha parado de crecer casi sin oposición.
Las empresas que gestionan el centro ganaron en 2007 3 millones de euros
Uno de cada seis pacientes estará bajo este modelo a final de año
La fórmula se ha extendido a Torrevieja (2006), Dénia (en apertura progresiva desde hace semanas) y, si se cumplen los planes, a Manises y Elche-Crevillente, este mismo año. Entonces, habrá 845.000 valencianos -uno de cada seis- cuya sanidad al completo -desde su médico de cabecera hasta su hospital de referencia- estará en manos de una empresa. Pero además, el modelo se ha exportado. En Madrid ya existe un hospital hermano del de Alzira, en Valdemoro, y otros cuatro en cartera: Carabanchel, Collado Villalba, Torrejón de Ardoz y Móstoles.
Atrás han quedado las intensas críticas por parte de asociaciones de defensa de la sanidad pública, partidos y sindicatos, y la polémica sobre la privatización de parcelas públicas que persiguió al hospital durante sus primeros años de vida. Muchos de los pacientes que acuden al centro, como Rosa y Miguel, que acaban de visitar a su nieta recién nacida, son tan ajenos a este debate que incluso ignoran que la gestión corra a cargo de un centro privado. "No teníamos ni idea", apuntan a unos metros de la puerta principal. Como ellos, según una encuesta del propio hospital, hasta el 80% de los pacientes desconoce el tipo de gestión. Y no es extraño. No hay ni una sola referencia o logotipo de la unión de empresas que gestiona el hospital y toda el área de salud de La Ribera. La única marca autorizada es la Consejería de Sanidad.
Otros vecinos, como Adam Lang, de Alzira, conocen la fórmula de gestión, y no les parece mal: "Si me tratan bien", reconoce, un argumento al que suele echar mano Sanidad cuando sostiene que a los pacientes "les da igual la gestión pública o privada, lo que les interesa es que les atiendan adecuadamente".
Pero también hay quien no sólo conoce la naturaleza del centro, sino que le echa las culpas de algunos de los problemas que han tenido. "Se nota porque te dan muy pronto el alta", apunta Virgilio García, de Cullera, a cuya mujer operaron por unos quistes en las mamas y "a los dos días ya estaba en casa, con el drenaje puesto".
Estas opiniones son las que alimentan la pregunta que ha perseguido siempre al modelo ¿es posible conciliar la mejor asistencia sanitaria con la obtención de beneficios económicos?
Para el gerente del centro, Manuel Marín, la cuestión está fuera de toda duda. "Buscamos la eficiencia en la gestión, pero por encima de todo, la calidad en el trato a los pacientes". Y añade: "Se puede dar un buen servicio, gestionar bien, ser eficientes y ahorrar". Marín remite a los resultados económicos -"llevamos sólo dos ejercicios con beneficios", apunta- para justificar que el principal objetivo no es el económico. Según la cuenta de resultados de 2007, se obtuvieron 3,1 millones de beneficios, el 1,8% de la facturación.
La principal fuente de financiación del hospital, participado por Adeslas (51%), Bancaixa y la CAM (45%), y Dragados y Lubasa (4%) es el canon que recibe de la Generalitat por prestar atención sanitaria a los vecinos de la comarca: 571 euros anuales por cada uno los 250.000 habitantes de La Ribera. Pero, además cobra de la Generalitat por cada paciente foráneo. De ahí las acusaciones de saturación del centro, la última a mediados de diciembre por parte del comité de empresa, por una política de atracción de clientes que la dirección niega.
Para analizar estas circunstancias y otras posibles distorsiones que puedan derivarse de estos nuevos modelos, la comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha encargado un informe. "Se trata de comparar las fórmulas de gestión que están aplicando las comunidades autónomas", apunta la diputada socialista Pilar Grande. Y así responder con argumentos al interrogante clave: saber si la decisión última hacia los pacientes "está basada en criterios económicos o de salud".
Nuevos candidatos en cartera
La apuesta de la Generalitat por el
modelo Alzira es tan clara que ya hay planes para extender esta fórmula incluso a hospitales sociosanitarios como los previstos en Benidorm o Peñíscola, algo que no se contempló en un principio. Uno de los principales argumentos de la Consejería de Sanidad para defender esta fórmula es que el coste de la atención sanitaria (los 571 euros por paciente que abona al hospital de la Ribera) le resulta un 25% más barato que lo que paga de media por los pacientes de la red pública.
El balance de estos 10 años de gestión privada ha sido "excelente" como comentó Manuel Cervera, el responsable de la sanidad valenciana, en una comparecencia en la Asamblea de Madrid el 22 de diciembre para explicar el modelo. El compromiso del PP valenciano con esta fórmula es total. Hasta el punto de cambiar las condiciones iniciales del contrato para salvar el modelo. En 2003 se alargó el periodo de concesión de 10 a 15 años, se aumentó el pago por persona y se extendió la atención: no solo sería hospitalaria sino que se incluían los centros de salud -35 en la actualidad-.
Los socialistas no son partidarios de este modelo. Cuestión distinta es la posibilidad de revertir los centros y el personal al sistema público, algo que, como apunta el responsable de sanidad del PSPV, José Mayans, "sería complejo y caro" dado el escenario sanitario actual y la deuda existente. "Además, habría que saber el coste real del modelo, que no conocemos por falta de transparencia", indica.
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2 Enero 2009
FISCALIZACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS
http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009010200_12_836713__Alicante-Consell-desoye-Sindic-persiste-sistema-privatizacion-hospitales
El Consell desoye al Síndic y persiste en su sistema de privatización de hospitales
La Sindicatura de Cuentas reprueba la "discrecionalidad" en la concesión del nuevo hospital de Elche, el precio anual del contrato y su revisión anual
J. E. MUNERA
Por quinto año consecutivo, la Sindicatura de Cuentas ha reprobado el criterio privatizador del Consell en la construcción y gestión de hospitales. En este caso, el varapalo del órgano fiscalizador de las cuentas públicas es para el contrato de concesión del nuevo hospital de Elche a la sociedad gestora integrada por Ribera Salud y Asisa, en el que la Sindicatura cuestiona desde la "discrecionalidad" en los baremos de adjudicación al precio anual del contrato y sus sistema de revisión. Los reparos también alcanzan al exceso en el plazo para formalizar el contrato y al retraso en el inicio de obras, que ha demorado al menos un año la puesta en servicio del hospital.
Con ser llamativas las observaciones del Consell, no son nuevas. Varias, sobre todo las más relevantes como la justificación de los precios del contrato y su revisión, se remontan a su informe de 2003 para los hospitales de gestión privada de Torrevieja y Alzira, y también figuraban en el informe del año pasado sobre el de Manises.
"Consideramos cuestionable este criterio de actualización de tarifas, ya que no responde a una evolución de precios ni de costes reales", reseñaba el auditor de las cuentas públicas en 2003.
Cinco años después, la misma reprobación consta en el análisis del contrato del segundo hospital de Elche, formalizado en septiembre de 2005 con una duración de 15 años desde su puesta en funcionamiento, y prorrogable por cinco años más. El precio anual de este contrato a pagar por la Generalitat se fija en 494,72 euros por persona y año, lo que supone un presupuesto inicial de 65 millones de euros anuales y de 974,8 millones para todo el plazo de la concesión.
La Sindicatura critica que la redacción de los criterios de adjudicación "pueden permitir una diversidad de interpretaciones, lo que amplía la discrecionalidad". Entre esos criterios no figura el precio del contrato. También se cuestiona que no se haya justificado la determinación del precio de licitación por persona (494,72 euros). La única explicación de esta "prima per cápita" se refiere a que es la misma que en otras concesiones de gestión de departamentos sanitarios "y se considera razonable para mantener unos niveles adecuados en la prestación". Los reproches al precio se completan con el sistema de revisión del mismo, que se vuelve a hacer con referencia al presupuesto sanitario de la Generalitat y nunca inferior al IPC, criterios que ya rechazó la Sindicatura en 2003.
No hay constancia de la solvencia de la adjudicataria
El Síndic no tiene constancia de "la acreditación de solvencia técnica y económica del adjudicatario" y reprocha al Consell que las anualidades a pagar por el contrato del hospital no se han contabilizado en el estado de compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros, lo que se conoce como hipoteca de la Generalitat. Sobre los plazos para redactar los proyectos del centro, no consta la presentación, supervisión, aprobación y replanteo del proyecto de ejecución, al tiempo que se ha excedido el plazo para la formalización del contrato. También se critica el retraso en el inicio de las obras, que no comenzaron hasta mediados de febrero "sin que conste un informe sobre las causas del retraso".
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